Masacre de Ayotzinapa, 1.826 días sin resolver

"Sabemos que todo fue orquestado, pero nunca nos hablaron con la verdad. Por eso seguimos y seguiremos exigiendo al gobierno la verdad sobre donde tienen a nuestros hijos" cuenta Hilda, madre de uno de los desaparecidos. nota de Beverly Goldberg para Open Democracy.

26 de septiembre, estado de Guerrero, México, 2014. Un grupo de 80 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, de entre 15 y 25 años de edad, emprenden un viaje de no retorno a la Ciudad de México.

Llevaban los bolsillos vacíos pero iban llenos de la esperanza. Querían llegar a la marcha del 2 de octubre, que cada año conmemora a los más de 300 estudiantes asesinados por el ejército en Tlatelolco en 1968. Esa fue una masacre que, como muchos dijeron, . O por lo menos hasta que ocurrió la de Ayotzinapa.

Los estudiantes abordaron por la fuerza varios autobuses en Iguala, y pusieron rumbo a la Plaza de Tres Culturas de Tlatelolco, a donde nunca llegaron. Sus autobuses fueron interceptados por un confuso combinado de agentes federales, estatales y locales, miembros del ejército y narcotraficantes. Resultado: 3 asesinados y 43 desaparecidos. Aquí termina el consenso sobre lo que pasó.

Hoy, cinco años después, los padres y madres de los jóvenes de Ayotzinapa siguen buscando justicia y verdad sobre sus hijos desaparecidos.

“Estos últimos 5 años han supuesto demasiado desgaste físico, emocional, mental, y económico” dice Felipe de la Cruz, un vocero de los padres y madres de las víctimas de Ayotzinapa.

“Soportar la impotencia ha sido lo más difícil de estos últimos 5 años, porque eso destruye familias” nos dice Epifanio Álvarez Carvajal, padre de uno de los estudiantes desaparecidos, Jorge Álvarez Nava.

No se sabe todavía el paradero de los estudiantes. Tampoco se ha establecido un móvil claro de su desaparición, y hay demasiados vacíos en la investigación debido a su mal manejo por el gobierno de Peña Nieto, cuya presidencia coincidió con los eventos brutales del 26 de septiembre de 2014

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Marcha para exigir justicia para las víctimas de Ayotzinapa, Ciudad de México, 26 de septiembre 2019. Eduardo UrendaNone?

¿Qué será del caso Ayotzinapa con AMLO?

Durante un mitin conmemorativo de los hechos del 26 de septiembre celebrado en la Ciudad de México, algunos dijeron que tienen “fe en el nuevo gobierno, pero no se puede confiar aún”. Reconocen que AMLO ha demostrado clara voluntad política por descubrir la verdad sobre lo que pasó esa noche, pero las acciones emprendidas por el nuevo gobierno no han sido suficientes para convencer a los padres de que las investigaciones van por el camino certero.

Durante el gobierno de Peña Nieto, se aceptaba la hipótesis de la “verdad histórica”, promovida por el ex-procurador Jesús Murillo Karam. Ésta consiste en la teoría de que los estudiantes que iban en 4 autobuses fueron detenidos por policías, entregados luego a narcotraficantes y sicarios del cártel ‘Guerreros Unidos’, y sus cuerpos sin vida incinerados en el basurero de Cocula.

Pero un grupo de expertos independientes argentinos realizó un estudio profundo del basurero de Cocula y reveló, en un informe de 300 páginas, que era imposible que los estudiantes se hubieran incinerado allí. También se reveló que Murillo Karam del FBI que sugería que los estudiantes seguían vivos. Pero al declarar su teoría de ‘verdad histórica’, decidió promover de todas formas la versión ya acordada con el gobierno de Peña Nieto, que quedó en ridículo por su manejo corrupto y desastroso del caso.

Ahora, AMLO hereda un desastre: debido a vacíos graves en las investigaciones del gobierno anterior y violaciones del debido proceso, más de la mitad de los acusados han sido liberados (77 de un total de 142), incluyendo uno de los principales acusados, Gildardo López Astudillo, alias El Gil, uno de los líderes del cártel Guerreros Unidos.

También existe la posibilidad de que se libere a José Luis Abarca, ex-alcalde de Iguala, y a su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, identificados anteriormente como autores intelectuales principales del crimen, debido a la sospecha de que pruebas en su contra se obtuvieran mediante tortura.

Hilda Hernández Rivera, madre del estudiante desaparecido César Manuel González Hernández, dice que “no hay gobiernos buenos en relación a este caso. El gobierno nuevo está llevando el caso con lentitud. Está la voluntad política para actuar, pero hay muchos obstáculos en las dependencias del gobierno que llevaba el caso hasta aquí, así como dentro de la fiscalía y la policía federal”.

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Marcha para exigir justicia para las víctimas de Ayotzinapa, Ciudad de México, 26 de septiembre 2019. Eduardo UrendaNone?

AMLO firmó un decreto en diciembre del 2018, cuando tomó posesión, para crear una Comisión de la Verdad específicamente dirigido a investigar los hechos del 26 de septiembre de 2014, pero luego tardó 6 meses en nombrar el fiscal especial encargado del caso, retrasando aún más la investigación.

Se ha reunido varias veces con los padres, y ahora se ha comprometido a empezar una nueva investigación desde cero, siguiendo las sugerencias y líneas de investigación abiertas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Pero sus palabras y supuesta voluntad política, en ausencia de acciones, se interpretan como una fachada para un presidente en realidad impotente frente a un ejército y una fuerza policial mucho más poderosas que él.

¿Un crimen sin móvil?

A pesar de haber detenido ya a 142 personas, una de las frustraciones principales sobre las investigaciones hasta ahora es que no se ha revelado ningún motivo para la desaparición forzada de los estudiantes,.

El periodista Francisco Cruz de uno de los estudiantes asesinados en la noche de la desaparición forzada, Julio César Mondragón, y estableció con esta información la posibilidad de que lo ocurrido fue algo planificado por la policía y el ejército.

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Homenaje a Julio César Mondragón, Ciudad de México, 26 de septiembre 2019. Eduardo UrendaNone?

Según Cruz, los estudiantes “se habían convertido en un foco peligroso para el gobierno, para la industria minera trasnacional, había registros de que Ayotzinapa era centro de reunión de todos los movimientos y líderes sociales enojados con el régimen”.
Por tanto, sugiere que el Estado aprovechó el caos creado por la toma de autobuses de los estudiantes aquella noche para eliminar un grupo de jóvenes que dificultaba mucho su desempeño de actividades mineras en la región.

Sin embargo, esta hipótesis no solamente simplificaba los echos, sino que fomentó la idea entre algunos de que los estudiantes por ser “revoltosos”.

Otra hipótesis que el gobierno anterior promovía acerca del móvil del crimen tenía que ver con el ex-alcalde de Iguala y su esposa, actualmente encarcelados. María de los Ángeles Pineda se iba a presentar a las elecciones para la alcaldía ese año y en la noche del 26 de septiembre celebraba una fiesta de inicio de su campaña política. Por tanto, algunos suponen que la pareja mandó instruyó a un grupo de policías aliados con narcotraficantes pertenecientes a Guerreros Unidos para que generaran el caos sin escrúpulos, abriendo el camino para la desaparición.

Pero más recientemente, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) abrió una línea de investigación que lo cambió todo.

¿Un quinto autobús?

El informe del GIEI señaló que un quinto autobús de la compañía Estrella Roja fue tomado por los estudiantes esa noche pero no fue mencionado en el informe de la Procuradoría General de la República (PGR ) mexicana en su descripción de los hechos, y que la PGR erróneamente declaró que los estudiantes abandonaron y destruyeron ese bus justo después de salir del centro camionero de Iguala. El GIEI afirmó que los estudiantes seguían en este quinto bus cuando fueron atacados y desaparecidos, y que eso es una parte fundamental de la investigación.

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Marcha para exigir justicia para las víctimas de Ayotzinapa, Ciudad de México, 26 de septiembre 2019. Eduardo UrendaNone?

También demostraron que el vehículo presentado por la PGR al equipo de investigación como el quinto autobús no coincidía con el vehículo que grabaron las cámaras de vigilancia, y que testimonios de narcotraficantes del grupo Guerreros Unidos apuntaban a que éstos utilizan autobuses comerciales para transportar droga de México a Chicago.

Además, testimonios recogidos por el GIEI de los estudiantes sobrevivientes, que lograron huir de la escena del crimen, contradicen el informe de la PGR según el cual los mismos estudiantes destruyeron el quinto autobús. Entonces, existe la posibilidad de que el quinto autobús estuviese siendo usado para transportar droga a Chicago cuando los estudiantes lo robaron, lo que provocó una reacción violenta de parte del cártel y sus aliados policías con la intención de recuperarlo

De hecho, hoy aún existe una ,‘Transportes Guerrero’, que sigue ofreciendo viajes en bus de Iguala a Chicago, las dos supuestas bases del cártel Guerreros Unidos.

Esta parece ser la hipótesis más plausible, pero la investigación lleva cinco años a un ritmos exasperante. Mientras no se revele toda la verdad sobre lo que pasó esa noche, los padres y madres de Ayotzinapa no podrán descansar en paz y seguirán en un limbo oscuro y agotador.

Como dice Hilda Hernández Rivera, “sabemos que todo fue orquestado, pero nunca nos hablaron con la verdad. Por eso seguimos y seguiremos exigiendo al gobierno la verdad sobre donde tienen a nuestros hijos. Es lo único que queremos”.

Si AMLO, como ha prometido, logra esclarecer los hechos, será un gran alivio y acumulará capital político. De lo contrario, como ya le ocurrió a Peña Nieto, Ayotzinapa será la tumba de su credibilidad

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