Los derechos humanos, amenazados por la emergencia climática

Es evidente que el cambio climático es un problema de derechos humanos. Algo menos evidente es que decirlo no es necesariamente de gran ayuda; de hecho, expone las limitaciones del activismo de derechos humanos para lograr una reforma económica sistémica. Nota de Stephen Humphreys para democracia Abierta.

Para comprender las inmensas implicaciones del cambio climático en los derechos humanos, hay que leer la serie de informes que produjo el Instituto Potsdam, Turn Down the Heat (Bajemos la temperatura).

A partir de la observación de que, a menos que suceda algo extraordinario muy pronto, es probable que las temperaturas promedio a nivel global se eleven 4 ºC por encima de los niveles preindustriales antes de 2100 (un aumento muy superior al objetivo internacional de 2 ºC), los informes documentan la subsecuente catástrofe.

Estos informes, como la mayoría de los estudios sobre cambio climático, no mencionan a los “derechos humanos” por su nombre. Pero la historia que cuentan es una de penurias extraordinarias. Las olas de calor extremas (del tipo de Rusia en 2010) se convertirían en “el nuevo verano típico”. En los trópicos, el calor superará el “rango histórico de temperatura y extremos a los que se han adaptado y que han tolerado los ecosistemas naturales y humanos”. De hecho, con un aumento de 4 ºC, afirman los autores, los trópicos dejarán de ser habitables.

Replanteado en términos de derechos humanos, los informes describen riesgos para: el derecho a la alimentación (caídas de productividad, golpes a los ingresos de importación, crisis repentinas de precios); a la salud (un aumento tremendo en la mortandad, desnutrición, enfermedades diarreicas y arrasadoras enfermedades transmitidas por vectores [dengue, Chikungunya y malaria]); al agua (en el Medio Oriente, “el aumento en la demanda de agua para riego será difícil de satisfacer debido a una disminución simultánea de la disponibilidad de agua”); al trabajo (“los niveles de estrés térmico pueden alcanzar los límites fisiológicos de las personas que trabajan al aire libre y socavar gravemente la productividad laboral regional”); a la vivienda (“los asentamientos informales en llanuras aluviales y laderas escarpadas... se han visto gravemente afectados por las inundaciones y los deslizamientos de tierra en los últimos años”); a la vida. Los pobres son los más vulnerables, y cada vez habrá más: “los choques y tensiones relacionados con el cambio climático pueden debilitar los esfuerzos de reducción de pobreza y hacer que nuevos grupos caigan en la pobreza”.

Durante más o menos los últimos diez años, los académicos, activistas y agrupaciones de derechos humanos se han adentrado en la política del cambio climático. Hoy en día sabemos mucho sobre las dimensiones de derechos humanos del cambio climático. Sin embargo, aún no queda claro qué pueden ofrecer las normas de derechos humanos al respecto, si es que hay algo.

La litigación estratégica podría ocupar una función residual en los casos en los que haya víctimas del cambio climático en países con emisiones altas y sistemas judiciales sólidos. Por ejemplo, los derechos humanos fueron parte de los argumentos, aunque no del dictamen, en el reciente y exitoso caso Urgenda en los Países Bajos.

Pero la historia de los litigios de derechos humanos ofrece pocos motivos para tener esperanzas, incluso en estas situaciones, dadas las complejidades políticas y científicas. Y lo que es más pertinente, la abrumadora mayoría de las víctimas del cambio climático estarán (de hecho, ya lo están) ubicadas en países que han contribuido relativamente poco al problema.

Los tribunales en esos países no tendrán autoridad para obtener una indemnización de quienes realmente la deben, y mucho menos para exigirles a los principales emisores de carbono que se detengan.

Por lo tanto, el activismo de derechos humanos ha buscado otros puntos de partida para enfrentar el cambio climático. Escuchamos mucho sobre el derecho a la información respecto a los impactos ambientales (según se garantiza en el Convenio de Aarhus), y (un programa que busca reducir emisiones al pagar para que los bosques de los países en vías de desarrollo se mantengan intactos).

Hemos visto entrar en acción a la maquinaria de derechos humanos de las Naciones Unidas. El cambio climático cada vez se menciona más (EPU), numerosos , hay un flamante Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente e incluso el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) sobre la cuestión. Inevitablemente, hay un esfuerzo concertado para al próximo tratado de cambió climático que se acordará en París en diciembre.

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Manifestantes en Melbourne demuestran su rechazo a la crisis climática, 2014. Wikimedia Commons.

Todo esto es bueno, sin duda, pero se siente como estar haciendo ajustes superficiales en los bordes. Aparentemente, las normas de derechos humanos tienen poco o nada que decir sobre el problema central que enfrentan las acciones relacionadas con el cambio climático: ¿cómo vamos a disminuir las emisiones de carbono, dramática y urgentemente, a un ritmo que nos saque del camino hacia los 4º?

Los Estados no van a adoptar metas vinculantes de reducción de emisiones, que podrían derrumbar sus economías, simplemente con el fin de satisfacer a sus colegas en el EPU, a los académicos del CDESC o a los distintos Procedimientos Especiales.

No van a frenar las industrias de combustibles fósiles en respuesta al lenguaje de derechos humanos en el acuerdo de París. Es posible que el enfoque en los derechos de los indígenas haga que el programa REDD+ sea más favorable para los derechos humanos, pero no dice nada sobre si monetizar los bosques es una buena idea en sí.

Y ¿qué hay de los combustibles fósiles? Algunos titulares recientes: , Shell para perforar en las costas de Alaska, que saldrá a la venta en 2018 e .

La producción de petróleo sigue aumentando año con año (, más de los 91.5 millones que se producían en 2014); las reservas comprobadas están en un máximo sin precedentes (); y a pesar de todo esto, se supone que debemos alegrarnos cuando .

Si se queman, las reservas de petróleo existentes hoy en día nos llevarían mucho más allá de un mundo de 4º. Dispararían al cielo 3,000 gigatoneladas adicionales de dióxido de carbono, cuando los cálculos más precisos dicen que .

Por esta razón, Nicholas Stern, el economista británico, se refiere a los $3 billones invertidos en estas reservas como “bienes atrapados”. Tal vez tiene razón, pero es claro que el mercado no lo cree así.

Para mantener el 80 % o más de este petróleo en el suelo, como debemos, necesitamos tomar medidas drásticas y concretas: prohibirlo, eliminarlo gradualmente, poner una moratoria en la exploración, multar la sobreproducción, criminalizarlo.

También necesitamos inyectar fondos públicos masivos a la investigación y desarrollo de energías renovables y a la transferencia de tecnología hacia los países en vías de desarrollo. Encontrar la manera de hacer esto, en condiciones de austeridad y neoliberalismo blando, se ha convertido en el desafío central del cambio climático.

Por supuesto que también podemos replantear todas estas inquietudes como problemas de derechos humanos; pero si queremos cambios reales en vez de, digamos, aplausos en las redes sociales, ¿para qué lo haríamos?

La ironía es que, frente a una amenaza extraordinaria, de hecho existencial, al cumplimiento de los derechos humanos supuestamente “protegidos internacionalmente”, a nivel global, las normas y los abogados de derechos humanos, de hecho el movimiento de derechos humanos en su totalidad, tiene muy pocas cosas útiles que decir y carece de un papel claro que desempeñar.

Ojalá esté equivocado.

Fuente

  • democracia Abierta
  • Este artículo fue publicado previamente en OpenGlobalRights?. Lea el original
  • Fotografía principal: Flickr - torbakhopper. Licencia Creative Commons.

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