La plaga que consume los bosques de Nicaragua

Una trama de corrupción en Nicaragua que involucra a funcionarios de gobierno, empresarios y alcaldes ha permitido que en una zona de alto valor ambiental hayan sido talados 13 millones de árboles con el uso fraudulento de la ley.

La geografía de Nicaragua ha sido bondadosa: hay tres millones de hectáreas de bosques naturales. En el norte, trescientas mil son de pinares que recorren la frontera con Honduras y desde el año 1999 han sido infectados con gorgojos. Una plaga que puso en riesgo el recurso y fue la excusa para un negocio de tala ilegal que abultó los bolsillos de dueños de tierra, empresarios madereros y funcionarios públicos.

El corte de pino en la reserva natural de Dipilto y Jalapa está prohibido. En el año 2010, la aparición del gorgojo descortezador abrió la puerta a la excepción: el gobierno nacional permitió deforestar los árboles afectados en zonas protegidas, bajo el argumento de evitar que avanzara el mal. Ese fue el atajo que tomaron empresarios para arrasar con pinos sanos: los permisos de “saneamiento” para talar los afectados ampliaron el terreno a otros de los más antiguos del bosque continental, para venderlos.

En un recorrido por cuatro municipios del departamento Nueva Segovia, el ruido de camiones y moto sierras no cesa: es la tala propiciada por la corrupción bajo la excusa de la conocida plaga. El mecanismo es simple. Los “Planes Generales de Manejo Forestales” (PGMF), un instrumento técnico y legal para aprovechar el recurso y preservar el medio ambiente, regulan el proceso: el maderero busca al dueño de las tierras y le ofrece comprar los pinos afectados para frenar el contagio; si el dueño acepta, buscan al regente forestal -un técnico independiente autorizado por el Gobierno-, que inspecciona, calcula y gestiona el permiso “especial de saneamiento”. Luego se reúnen con el representante del Instituto Nacional y Forestal (Inafor), que avala en nombre del Gobierno. Todo supervisado por un delegado departamental y el alcalde del municipio.

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Camiones se adentran en la reserva natural de Jalapa al derribar troncos que serán extraídos para su venta.

En los hechos, es un disfraz que arrasa con el recurso: el Gobierno otorga estos planes como saneamiento ambiental para autorizar el corte de árboles sanos, algo prohibido por la misma norma que aplica. Así desmantelaron 13 millones de árboles de pinos, según cálculos proporcionados por Jacinto Cedeño Lanzas, experto de la organización no Gubernamental FUNDENIC-SOS.

La medida para frenar una plaga fue el inicio de otra. Una que involucra al gobierno, empresarios, el delegado del Inafor en la zona, Nelson Hernández; el alcalde de San Fernando, Melvin Ortéz; el ex director del Inafor, William Schuartz y la delegada del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena) recientemente destituída, Leticia González. Esas fueron las piezas de una red que con permisos y autorizaciones, benefició a empresarios madereros como Pedro Ortéz, Juan José García, Hugo Paredes y Hermanos Úbeda.

Los nombres de la trama

En la zona de frontera, las leyes 749 y 647 prohíben la extracción de bosque. Pero los casi 15 años de veda forestal de pino y otras especies forestales, no han logrado detener la tala: aunque el Inafor otorgó 76 permisos entre los años 2015 y 2016, el 50 por ciento de los pinares de Dipilto y Jalapa han sido cortados, según el asesor para asuntos ambientales de la presidencia Jaime Incer Barquero.

“Mira, con un equipo de expertos constatamos con mapas de referencia que el 50 por ciento del área protegida esta arrasada, ello significa que unas 18,500 hectáreas de bosques de pinares han desparecido: unos 700 árboles por hectáreas, 13 millones en total, bajo amarres amañados y bajo el argumento de estar afectados con gorgojo”, calcula Incer Barquero.

“18,500 hectareas de bosques de pino han desaparecido en 15 años; esto es 50% del área protegida”. Irce Barquero

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Un soldado del ejército de Nicaragua muestra los anillos que les hacen, para secar el árbol.

El dueño del bosque, ya se dijo, le vende al maderero y el maderero paga al regente. Luego traman con el Inafor, miembros de la alcaldía y Marena. Si hay problemas, hablan con la secretarios politicos: el cacique del Gobierno en cada departamento del país. El resultado son permisos forestales contra la ley, no solo porque se cortan árboles que no se pueden cortar, sino también porque no se plantan los dos que indica la regla por cada árbol afectado talado. En fin, solo se explota.

El jefe del ejército acantonado en la Zona de Nueva Segovia, Coronel Juan José Membreño, señaló en un mail a los implicados en esta trama: los empresarios Hugo Paredes, Juan José García y Mario González, a los que se suman los Hermanos Úbeda y Nelson Hernández. La ex delegada distrital de Marena, Silvia Castellanos, y el ex delegado del Inafor, Pablo Ortéz, eran quienes recurrían a la modalidad de PGMF para sacar la madera en óptimas condiciones.

“Doctor, Lo que se maneja son los siguientes nombres,

  1. Juan José García, de Ocotal.
  2. Mario González, vinculado a un empresa maderera de El Salvador.
  3. Maximino López, dueño de aserrío en Ocotal.
  4. Empresa Maderera MADESA.
  5. Hugo Paredes, de nacionalidad guatemalteca”.

No es difícil conocer cómo operaron, ya que todos lo hicieron bajo la misma modalidad, según coinciden Jaime Incer Barquero, el ambientalista del grupo Mogotón, Hazly Tournier, y el ex delegado del Inafor, Julio Ernesto Herrera Ruiz.

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Campamento maderero donde descansan unos trabajadores.

“La mafia está formada cuando el maderero logra penetrar al Estado o a los funcionarios con sobornos y el mismo Estado le permite al dueño de la empresa estar al lado del técnico y el delegado del Inafor. Así es que se aprovecha a cambiar las sumas e incluir árboles completamente sanos en la tala”, dice Julio Ernesto Herrera Ruíz.

Un video muestra a los madereros Javier Luna y Argelio Palma mofarse de su actividad ilegal: “Aquí estamos haciendo la trocha donde vamos a despalar 3 mil metros cúbicos sin permiso forestal”, se escucha. “Solo te puedo decir que en la garita de control de pase de madera, un técnico de apellido Palma está permitiendo que el pino salga sin permiso y sin control”, continua.

“Hay clonación hasta de permisos falsos y guías forestales, incluso con una podías sacar hasta 10 camiones y los técnicos que están en las casetas se hacen de la vista gorda”, apunta Herrera Ruiz. En su administración, dice, solo un maderero procesó hasta dos millones de pies tablares, o sea, de árboles, de forma ilegal: “Aquí han salido millones de pies tablares y en mi administración pedí nuevos técnicos y que me regularan las empresas maderas (42) y el bosque porque no tenía capacidad, pero el vice ministro, Ramiro Saborío, me lo impidió con la excusa de falta de presupuesto. Él era jefe de la mafia”.

Los empresarios consultados evadieron responder a los señalamientos por corrupción y dicen que todo es una operación política orquestada por la derecha opositora al Gobierno.

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Camiones trasladan a diario toneladas de madera sin gorgojos, aunque la autorización de tala es sólo para madera afectada.

“Lo que puedo decirte es que yo pago todos mis impuestos y, en el caso de los bosques, cuando obtenemos un PGMF, le damos 3 ciclos de manejo basado en planificación, rondeo y saneamiento”, dijo Juan José García. Hugo Paredes dijo que lo que dejó “áridas las tierras” fue “el gorgojo” y que los dueños de los bosques ahora sobreviven gracias “a la regeneración natural que hay los bosques de pino, que tienen la virtud de recuperarse”.

“La mafia vive de los excedentes: compran al dueño del bosque y, una vez obtenido el permiso, sacan de más y, con este excedente, sobornan a diestra y siniestra”, asegura Hazley Tournier, del grupo ambientalista Mogotón.

Otra veda talada

El pasado 14 de abril de 2016, el presidente Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, agobiado por informes periodísticos sobre los efectos que está causando esta situación —desaparición de ríos, pérdida de cultivos, migración de poblaciones—, promulgó una veda inmediata y envió al Procurador General de la República para verificar el nivel de afectación y revisar los más de 350 PGMF. Cuatro meses después, no existe ningún informe y el corte de árboles en Dipilto y Jalapa volvió a ser permitido.

“Es una burla tanto más para las 250 mil personas que viven de la cosecha de agua que hacen estos bosques en estas localidades”, dijo Rosario Sáenz Ruiz, abogada ambientalista. La rueda volvió a girar en el mismo sentido: “Los niveles de corrupción alcanzan a gestores denominados “regents”, dueños de bosques, empresarios, alcaldes y técnicos del Gobierno”, dice. Después de la nueva veda del president, nada cambió. Rosario Sáenz Ruiz Abogada Amientalista

La escala de explotación ilegal en Dipilto y Jalapa no existe para las autoridades. Los casos que han atendido son mínimos y resueltos a lo inmediato, con una multa insignificante en lugar de la cárcel penada por la ley. “Hay casos de sustitución del bosque por cafetales. Hemos identificado al señor Pedro Ortéz, quien ya había sido notificado y sancionado en otras ocasiones”, señala el procurador local Bryan Matamorros. Al ser consultado sobre los señalamientos y denuncias, Matamorros dijo desconocerlos y agregó que apenas “unas 360 hectáreas fueron cortaron ilegalmente”.

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Al final del permiso se indica las sanciones de incumplimiento. Sin embargo, éstas no se cumplen

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Documento que muestra un ejemplo de permiso de corte avalado por Inafor.

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Un aval extendido por el alcalde, también acusado de actos de corrupción.

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Así se observa uno de los campamentos donde retroexcavadoras y camiones trasladan la madera

“Desde hace más de cinco años hemos visto que no sólo el país es víctima de este corte de madera irracional, sino también sobre nuestro interés principal como el agua”, señala Basilio Guerrero, un representante de la Comunidad de Santa Rosa, cuyos habitantes ascienden a unos 600 y se dedican a la cosecha de agua que genera la parte alta del área protegida Dipilto y Jalapa. Guerrero sabe quiénes son los responsables: “Hay unos 20 millones de pino que han extraído con todas las marañas y bajo el amparo de las autoridades”.

Este reportaje fue realizado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center fen alianza con CONNECTAS

Fuente

  • CONNECTAS
  • Fotografía Principal: Flickr - Ramon. Licencia Creative Commons.

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