La ONU, la invitada esperada que se vuelve incómoda

La expulsión de la CIGIG en Guatemala y la misión del Alto Comisionado para los DDHH en Nicaragua, ambas de las Naciones Unidas, ponen de relieve la molestia de dos gobiernos de tendencias distintas que fueron cuestionados por el organismo. Análisis de Daniela Aguilar para CONNECTAS.

Ya lo confirma el dicho: “Cuando el río suena, piedras trae”, una frase que bien se podría aplicar a las situaciones de países como Guatemala y Nicaragua, que en sus distintos contextos han encendido las alarmas de la comunidad internacional con sus decisiones de no renovar la permanencia de sendas misiones de la ONU que investigaban temas de corrupción y derechos humanos, respectivamente. Se trata de la CICIG que se estableció en Guatemala en 2006 y de la Misión del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH, que arribó a Nicaragua en junio pasado tras la ola de represión a las manifestaciones contra el gobierno de Daniel Ortega que ha dejado cientos de muertos.

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Con una visión a largo plazo, la CICIG se ha constituido como un órgano esencial que apoya al Ministerio Público en las investigaciones que más conmoción causan en el país  como el procesamiento del presidente en funciones Otto Pérez Molina, su vicepresidenta y varios funcionarios públicos en la trama de corrupción aduanera conocida como “La línea”. También en la indagación por peculado y fraude del expresidente Álvaro Colom. Mientras que en la región, la CICIG inspiró la creación de organismos similares en países del Triángulo Norte.

En Honduras se constituyó la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) que entró en funciones en 2016 bajo el auspicio de la Organización de Estados Americanos (OEA), y que pese a que se ha tambaleado por la injerencia del gobierno y las maniobras del Congreso, puede adjudicarse el procesamiento de los responsables del esquema de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social que significó un desfalco de 2.000 millones de lempiras (unos 84 millones de dólares).

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Mientras que en El Salvador ronda desde hace algún tiempo la propuesta de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIES)que ha sido tomada como caballo de batalla por los candidatos a las presidenciales de febrero próximo. Por su parte, el actual presidente Salvador Sánchez del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), rechaza esa posibilidad.

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Pero la situación de la CICIG en Guatemala se ha deteriorado de forma vertiginosa desde septiembre de 2017, cuando el Congreso blindó al actual presidente Jimmy Morales al negarse a levantarle la inmunidad para que sea investigado por la financiación irregular de su campaña presidencial. Una resolución que Morales calificó de “muestra de unidad y responsabilidad con el pueblo”. Eso detonó la embestida contra la CICIG que se desnudó en este último mes. El 27 de agosto, a un día de su encuentro en Nueva York con el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, el presidente declaró persona no grata al Jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad, Iván Velásquez y pidió que abandonara el país. La Corte Constitucional lo frenó.

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Jimmy Morales llegó al límite el 31 de agosto y en una alocución que hizo al país respaldado por el alto mando militar, comunicó su decisión de no renovar el mandato de la CICIG. El organismo se había convertido en un huésped indeseable al que responsabilizó de violar sus leyes, induciendo a personas y a instituciones a participar en actos de corrupción e impunidad. Lo que según dijo Morales, se reflejó en una “persecución penal selectiva y con sesgo ideológico evidente, sembrando el terror judicial en Guatemala”. Un discurso que reforzó la tesis injerencista de la Comisión, que llegó a poner orden en un país ajeno. En su anuncio, pedía que se inicie la transferencia de competencias de CICIG a los órganos correspondientes, ya que el organismo tenía plazo solo hasta septiembre de 2019 para abandonar el país. Pero Iván Velásquez ni siquiera tendría ese año, pues el martes pasado se giró su prohibición de ingreso al país.  

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En el caso nicaragüense, las circunstancias son otras. En este país, la ONU sí es la invitada esperada, al menos para su gente. La misión de investigación del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH llegó al país con el aval del gobierno de Daniel Ortega tras la conmoción internacional que ha causado la espiral de violencia con que han sido reprimidas las protestas estudiantiles que empezaron en abril y tuvieron eco en distintos puntos del país. “Nosotros llegamos invitados por el gobierno, eso no significa que nuestro mandato venga del gobierno”, dijo el jefe de la misión Guillermo Fernández. Su intención era trasladarse a localidades como Masaya, que había sido cercada por grupos parapoliciales afines al orteguismo, al final no les permitieron salir de Managua.

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La visita de la misión de la ONU en Nicaragua  empezó a finales de junio y coincidió con un aperturismo del presidente Ortega para lavar su imagen internacional, que fue sucedida por entrevistas con cadenas internacionales. Sin embargo, la cordialidad entre ONU y gobierno duró poco porque cuando salió el primer informe de la misión, que daba cuenta de más de 300 muertos y 2,000 heridos, detenciones arbitrarias, juicios que se realizaban en privado a pesar de que el estándar mundial dicta que sean públicas, imposibilidad de las familias de ver a los detenidos, además de desapariciones forzosas temporales perpetradas por encapuchados armados que fueron calificados por el régimen como “policías voluntarios”, el gobierno de Daniel Ortega decidió que la visita debía terminar.

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Ni en el caso de Guatemala, ni en el de Nicaragua, a sus gobiernos les importó el rechazo de tales actuaciones de parte de la comunidad internacional. Incluso, en lo que respecta a Nicaragua, su situación llegó por primera vez al Consejo de Seguridad de la ONU, donde recibió duras críticas de la representante de EE.UU.,Nikki Haley.

Por su parte,  la embajadora dijo que el Consejo “no puede ser un observador pasivo” mientras Nicaragua corre el riesgo de convertirse en un “estado fallido” y “dictatorial”. Mientras que la representante del país centroamericano demandó “el fin del intervencionismo” y rechazó que se trate su caso en el pleno del organismo pues en sus palabras, no representa una amenaza a la paz mundial. La respaldaron Rusia, China, Venezuela, Bolivia y Etiopía.

Que la ONU fuera expulsada de Guatemala ha afectado la imagen de este país. Ya varios Estados de la Unión Europea le han manifestado su preocupación frente a la expulsión de la CICIG y congresistas de oposición temen que disminuya la ayuda de la cooperación internacional.

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A los gobiernos de Nicaragua y Guatemala tampoco les importó la aceptación de la ciudadanía que tenía ambas misiones de la ONU en sus países. En el primero por su vigilia al cumplimiento a los derechos humanos fundamentales. En el segundo por el respaldo a la lucha contra la corrupción e impunidad que según una encuesta de la agencia Analytic realizada a 530 personas, un 66% considera muy corrupto a su gobierno y que en un 65% cree que la CICIG fue expulsada porque no le convenía al régimen.

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Ya lo había dicho antes el procurador de Guatemala Jordán Rodas, que el procesamiento penal del entorno de Morales a raíz de investigaciones de la CICIG había desencadenado su embestida contra la organización. Entonces, Rodas criticó al Presidente por anteponer “una situación eminentemente personal, en riesgo la institucionalidad del país”. Incluso la opinión pública ha llamado como “el pacto de los corruptos” al blindaje que el Congreso le dio a Jimmy Morales para evitar su procesamiento, hecho que se juntó con la aprobación de una reforma penal que da pie a la conmutación de penas en 400 delitos. Más Impunidad en otras palabras, sobre todo ahora que el gobierno ha decidido que el organismo que intenta combatirla debe irse.
Lo mismo en el caso de Nicaragua, cuyo gobierno expulsó a la única misión extranjera que estaba arrojando algo de luz sobre la situación crítica que atraviesa el país. Son hechos que solo demuestran que no importa si el gobierno es de derecha como el de Morales o de izquierda como el de Ortega, ni su tiene tintes de democrático ni de caudillista. La reacción es la misma cuando ven amenazados sus intereses y no les importa “desinvitar” a la siempre bienvenida ONU. Al menos al comienzo.

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