Informe sobre la “Situación sociopolítica de Nicaragua”

La distancia y el sesgo propio a los medios de comunicación nos ofrecen miradas lejanas a la realidad, compartimos una mirada cercana, y un análisis, a los hechos recientes de la crisis nicaragüense.

Según el Estudio “Un Espiral de muerte 2018-2019” de la doctora Elvira cuadra, socióloga e investigadora. Desde el inicio de la crisis sociopolítica en Nicaragua desde abril 2018 hasta la fecha, “el gobierno no ha podido contener las protestas y movilización de las personas ciudadanas, por lo que ha tenido que reorganizar sus estrategias, lo que ha dado lugar a que se pase por seis fases de represión, cada una con características distintas y con objetivos específicos”.

Cuadra, sostiene que, la primera etapa de la represión, consistió en ataque manifestaciones, la segunda etapa llamada “Operación limpieza” fue dirigida a despejar todas las vías públicas de tranques y barricadas en las carreteras, barrios y ciudades con participación de policías y paramilitares. Luego se pasó a la tercera etapa que comprendió encarcelamientos, secuestros y torturas a presos políticos; seguida por la cuarta etapa enfocada en callar a medios y periodistas independientes y la quinta etapa centrada en atacar a la iglesia y defensores de derechos humanos con el cierre de medios y a las ONG u organizaciones sociales, que el gobierno consideraba un peligro.

En este momento estamos en una sexta etapa de represión, periodo que ha contemplado nuevas formas de violencia como los asesinatos selectivos de personajes políticos de las zonas rurales del país con el que “que buscan desmovilizar y dejar sin posibilidades acción a lideres sociales y del movimiento cívico tanto en las zonas urbanas como rurales”, asegura Cuadra.

A la fecha, según el recuento de los dos años, afirma la doctora Cuadra que se cuentan 59 casos de asesinatos, 4 casos en 2018 y 55 para 2019 en su mayoría en el norte del país, particularmente en el Cuá, Wiwilí y San José de Bocay, municipios de Jinotega y en el municipio de Río Blanco en Matagalpa, de los cuales 86% en la zona rural y 14% en la zona urbana.

De acuerdo a datos de Agencia de la ONU para Refugiados (ACNUR), 68 mil nicaragüense se encuentran en el exilio en Costa Rica a causa de la represión, hostigamiento, amenazas de muerte y situación económica. De los 68 mil, 65% son hombres y 35% mujeres. Del total de personas exiliadas, un 88% quiere regresar a Nicaragua a la salida de Daniel Ortega. A lo mencionado anteriormente se debe sumar que al cierre de 2019, de acuerdo al economista Néstor Avendaño, cerca del 19.2% de la población económicamente activa (PEA) estará en el desempleo y más de un 1 millón 330 mil no generará ingresos en 2019, “lo que significa más desempleo y pobreza, en antesala de una depresión económica”.

El mas reciente informe del Mecanismo de Seguimiento a Nicaragua (Meseni) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),publicado en agosto, revela que se continúa con una política pública de represión contra quienes el gobierno considera opositores, a través de asedios, secuestros, persecución, agresiones, amenazas y abusos contra excarcelados, opositores, estudiantes, líderes opositores, partidos políticos, defensores de derechos, medios y sectores religiosos.

En la semana en curso, la Unión Europea realizó la adopción del marco jurídico de sanciones para el régimen de Daniel Ortega, lo que implica la colocación de sanciones individuales a personas y entidades responsables de violaciones y/o abusos a los derechos humanos, represión de la sociedad civil o la oposición en Nicaragua. Además de restricción de entradas a 28 países de la Unión Europa y congelación de cuentas.

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