El papel de las Juntas de Acción Comunal

Compartimos la segunda entrega del reportaje especial sobre los múltiples asesinatos de líderes sociales en Colombia, realizado por la alianza del diario El País y CONNECTAS.

Bernabet López es el presidente actual de la Junta de Acción Comunal del barrio El Limonar 1, pero más parece un arriero: coordina las actividades deportivas de los niños, vigila que el grupo de medio ambiente haga la separación de residuos en las esquinas del barrio antes de que el carro recolector pase, programa actividades culturales, hace rifas para recoger fondos para que funcione la Junta...

Conoce el vía crucis de trabajar en medio del peligro y sabe bien que conseguir el aval financiero para los proyectos es toda una procesión: “Me tengo que movilizar a las reuniones con mis propios recursos porque la Alcaldía no me da incentivos. El día que se antojan convocan reuniones y si usted no va, con justificación previa, la que pierde es la comunidad. Pero la gente en el barrio cree que yo recibo plata en efectivo y que con eso me estoy haciendo rico”.

Por eso Antonio, sentado en una banca del negocio contiguo a la Iglesia principal de ese corregimiento de Medellín dice que la participación está secuestrada y a la gente le da miedo hablar, denunciar, que reponer un líder muerto no es como reemplazar fichas de ajedrez. Se requiere obstinación y convicción para seguir liderando.

Mientras los líderes afirman que están casi solos en su tarea, Juan Fernando Cristo, ministro del Interior en el Gobierno Santos, explica que desde la Dirección de Participación Ciudadana se les apoya con capacitación en temas de derechos humanos, de seguridad ciudadana, en convivencia. Pero confirma que no devengan un sueldo y que tampoco hay recursos asignados por Ley para los territorios.

Aún cuando fueron creadas por la Constitución de 1991, José David Riveros, exdirector de Participación Ciudadana del Ministerio del Interior, explica que los barrios o las veredas no tienen obligación de crear las juntas comunales, cada quien las arma por decisión propia: “Si quieren que les pavimenten una cuadra, que les pongan redes de acueducto, de energía, tiene que jalonar en la Alcaldía o Departamento recursos para el proyecto. Algunos líderes tienen contactos muy buenos con los políticos, a quienes también les sirve el apoyo posterior de esa comunidad. Pero a un líder nunca se le entrega plata en efectivo”.

Los líderes no reciben un sueldo por sus tareas, pero sí hay un presupuesto ‘participativo’ para las comunidades. Motivo que en Antioquia, el segundo departamento con más integrantes de Juntas de Acción Comunal asesinados en los últimos cinco años, ha llevado a grandes disputas. Antonio y su acompañante cuentan que bandas criminales y corruptos, en ocasiones, han hecho elegir en las juntas a sus aliados para desde allí controlar los territorios.

El puesto que hoy ocupa Bernabet fue el mismo de que ocupó Guillermo Arias antes de lo que mataran. Ya el líder que se encargaba de sacar de la drogadicción a los jóvenes de su barrio con actos culturales, había denunciado desde su cuenta de Facebook: “los líderes comunales estamos mamados de presentar iniciativas, debatirlas, concertarlas, visibilizarlas; gastar tiempo y pasajes de nuestro bolsillo, para que luego venga un foráneo a ejecutar los proyectos”.


Vulnerables

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La Junta de Acción Comunal del barrio El Limonar 1, del corregimiento San Antonio del Prado, en Medellín, ha sido blanco de ataques de bandas criminales y de quienes controlan la corrupción. Tres de sus últimos presidentes fueron asesinados por denunciar manejos irregulares del presupuesto partipativo que sirve para desarrollar proyectos sociales.


Guillermo estuvo solo dos meses en la Presidencia de la Junta. Antes había ayudado en las labores de tesorería. Una noche de octubre de 2015, después de una fiesta en la caseta comunal, un hombre le cortó el cuello. Y aunque su muerte no aparece entre las cifras oficiales suministradas por la Fiscalía General de la Nación a las que tuvimos acceso, en 2016 un boletín de su oficina de prensa informó que un reguetonero y su esposa habían sido condenados por el homicidio que “obedeció a una deuda que Arias tenía por una presentación artística”.

En ese año también mataron a Viviana Agudelo con siete balazos al salir de una reunión de la Junta. Ella fomentaba el deporte en ese corregimiento cuna del paramilitarismo en Antioquia, pero ni Antonio ni su acompañante se atreven a hablar de esa historia. César Mendoza, de la Fundación Sumapaz, que lleva el conteo de los líderes asesinados en ese departamento, se despoja de temores y recuerda que Viviana denunció que la corrupción se estaba apoderando del manejo del presupuesto participativo, que “en las comunas de Medellín alcanza hasta los 10.000 millones de pesos para ejecutar en un año” y que los grupos armados pretenden coger ese dinero.

Los directivos de organizaciones defensoras de derechos humanos insisten en que a los líderes no solo los persiguen por trabajar por la paz, sino por cumplir justamente las tareas propias de su cargo: mejorar las condiciones de su sector, dirimir conflictos, jalonar obras para el desarrollo de sus comunidades.

César, que también trabaja en la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, sostiene que “matan a los líderes y no avanzan las investigaciones de lo que denunciaban. En la mayoría de casos sabemos quién disparó, pero no hay investigaciones claras para conocer a los verdaderos responsables de las muertes”. Como en el caso de Temístocles Machado, el líder de Buenaventura asesinado en enero de 2018.

Sin embargo, el Fiscal General de la Nación dice que desde que llegó a esa institución en 2016, se han esclarecido el 50 % de los casos. Que es evidente que el 50 % de las víctimas eran líderes comunales y que los victimarios son en 24 % de los casos, delincuencia organizada, pero también el Clan del Golfo, las disidencias de Farc, el ELN.

No importa si es por cuenta de los dueños de cultivos ilícitos, de narcotraficantes que quiere apoderarse de los territorios, de la corrupción enquistada en las instituciones del Estado, de la delincuencia común, el temor se aloja en todo el territorio. Incluso, hay zonas, de donde nunca se fue.


Resistencia

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Luis Fernando Gil Luján tenía 27 años cuando fue asesinado. Se encargaba de los procesos culturales en la Junta de Acción Comunal del barrio La Castilla, de Medellín. Sus amigos dicen que el pecado fue tratar de arrebatarle al narcotráfico los niños que estaban cayendo en ese mundo de las drogas.


“Ejercer el liderazgo social en este país es extremadamente difícil por el tema de seguridad, pero también porque no se reconoce nuestro trabajo, no se apoya”.

Martín Sandoval, líder en Arauquita

Fuente

  • CONNECTAS
  • Investigación: Jessica Villamil Muñoz | Editora: Priscila Hernández Flores | Fotografías y video: Jorge Orozco | Conceptualización y diseño multimedia: Mauricio Montoya Mejía | Edición de video: Juan Daniel Sánchez | Procesamiento y análisis de datos: Early (María De Arteaga, Vicente De Arteaga y Benedikt Boecking).

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