Desidia del poder público y ataque de las Farc intensifican crisis ambiental

No es de hoy que el departamento colombiano de Putumayo enfrenta una crisis ambiental, sin embargo, los últimos acontecimientos en la región han intensificado el problema. La población local denuncia que las actividades de las empresas petroleras y los atentados provocados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) están provocando una completa destrucción ambiental en el departamento y contaminando bosques, propiedades y fuentes de agua.

El Frente 48 de las Farc es señalado como responsable de tres atentados la última semana en la Vía Puerto Asís: La Alea, La Rosa, Zona de Reserva Campesina (ZRC). Los guerrilleros habrían interceptado 23 camiones tanque de la empresa Cootranskililí ltda y obligado a sus conductores a abrir las válvulas para dejar escapar todo el petróleo crudo sobre la vía. Los camiones de las transportadoras transitaban por rutas no autorizadas por las autoridades ambientales. El hecho ocurrió poco antes de la visita del Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y de autoridades militares a Puerto Asís.

La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz cuestiona cómo fue que el hecho ocurrió en una región altamente militarizada, donde existen bases militares hasta inclusive dentro de los pozos petroleros. "¿Cómo, después del primer incidente, la fuerza pública no reaccionó?”

Por su parte, en Puerto Asís, el último 26 de julio, el ministro Juan Carlos Pinzón presidió un Consejo de Seguridad y fue enfático al acusar a las Farc por lo que llamó "ecocidio” en Putumayo. También garantizó que va a incrementar la ofensiva con batallones especiales, helicópteros de ataque aéreo, equipos de guerra, inteligencia, vehículos, fiscal antiterrorismo y unidades del Escuadrón Móvil Anti Disturbio (Esmad), todo para proteger la infraestructura de la industria petrolera.

La Comisión denuncia que no hay preocupación de parte del gobierno por el bienestar de la población de Putumayo, ni siquiera con la grave crisis ambiental que el Departamento enfrenta, sino sólo con la integridad de todo lo que está relacionado con la industria petrolera. El ministro fingió desconocer las movilizaciones campesinas realizadas desde comienzos de julio para decir no al avance de las petroleras y a la ampliación de la concesión dada a la empresa Vetra Explotación Colombia por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), mediante la resolución 0551.

Las comunidades de la Zona de Reserva Campesina también se oponen a la ampliación de la licencia ambiental para la empresa Amerisur Resources Colombia para el área de explotación de hidrocarburos Platanulli, que permitiría pasar el petróleo por un oleoducto por debajo del río Putumayo hasta Ecuador y realizaría la apertura de más pozos de petróleo. Las comunidades indígenas y afrodescendientes también están luchando en contra de la ampliación de los campos petroleros en el Departamento, pues, además de los problemas ambientales, también son constantes los conflictos en el área, ya que donde se abre un pozo de petróleo se instalada una base militar para su custodia.
En medio de todos estos perjuicios y violaciones de derechos, lo máximo hecho hasta el momento fue la instalación de un proceso administrativo de sanción ambiental por la Corporación para el Desarrollo Sustentable del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia) contra la Vetra Explotación y Producción Colombia S.A.S. y la empresa transportadora Cootranskililí Ltda, por el incumplimiento de los trabajos de limpieza y recuperación del lugar donde ocurrió el derrame de petróleo.

"Esperamos que estas investigaciones tengan avances reales que permitan sancionar las actuaciones ilegales de las empresas petroleras. De igual manera vemos con preocupación el silencio de las autoridades ambientales, que no se han pronunciado, ni mucho menos iniciado estudios que permitan determinar el grado de contaminación provocado por la explotación petrolera existente en los territorios. Hacemos un llamado a éstas y otras instituciones para que actúen de manera urgente, para evitar la continuidad de las afectaciones sociales, ambientales y culturales”, reivindica la Comisión.

Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
Tomado de: Adital

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