Carta del Parlamento Europeo al Presidente de la República Dominicana

'Las medidas para garantizar el derecho a la nacionalidad de las personas perjudicadas por la Sentencia 168/13 deben ser generales y automáticas. Dichos mecanismos deben ser sencillos, claros, rápidos y justos. No pueden ser discrecionales o implementados en forma discriminatoria. Asimismo, los mecanismos deben ser asequibles en términos económico', dice un grupo de parlamentarios europeos.

Bruselas, 09 de 04de 2014

Excmo. Sr. Presidente:

Nos dirigimos a Vd como Presidente de la República para expresar nuestra preocupación e inquietud por los efectos derivados de la aplicación de la sentencia 0168/13 emitida por el Tribunal Constitucional de República Dominicana el pasado 23 de septiembre de 2013. Tenemos conocimiento de que esta sentencia puede desnacionalizar a cerca de 200.000 personas dominicanas de ascendencia extranjera con carácter retroactivo desde 1929. Nos preocupa, en particular, la situación que esta privación de nacionalidad puede ocasionar en cuanto a la vulneración de sus derechos y su acceso a los servicios sociales más básicos.

El cumplimiento de los compromisos internacionales, asumidos libremente por el Estado de la República Dominicana en el ejercicio de su soberanía, es de vital importancia para encontrar una solución a esta privación de su nacionalidad, que entendemos que afecta sobre todo a las personas dominicanas de ascendencia haitiana. Esta sentencia podría quebrantar el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos humanos, que dispone el derecho de toda persona a tener una nacionalidad y a la no privación de la misma de manera arbitraria, y podría vulnerar también otros derechos como el derecho a la identidad, a la igualdad ante la ley y a la no discriminación que impiden la realización de una vida digna basada en la igualdad de oportunidades. Creemos que la sentencia afecta fundamentalmente a personas ya sujetas a múltiples formas de discriminación, con base en la etnia y la pobreza.

Conscientes de la complejidad de la temática abordada y después de analizar las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a República Dominicana, en atención a la invitación del Estado y su preocupación expresa ante la problemática, exponemos nuestra conformidad con las medidas que deben adoptarse para responder a los desafíos identificados por la Comisión:

1. Se debe garantizar el derecho a la nacionalidad que cientos de miles de personas adquirieron bajo el régimen interno vigente entre 1929 y 2010.

2. No se puede exigir que las personas con derecho a la nacionalidad, como aquellas desnacionalizadas bajo la sentencia 168/13, se registren como extranjeros como requisito para el reconocimiento de sus derechos.

3. Las medidas para garantizar el derecho a la nacionalidad de las personas perjudicadas por la Sentencia 168/13 deben ser generales y automáticas. Dichos mecanismos deben ser sencillos, claros, rápidos y justos. No pueden ser discrecionales o implementados en forma discriminatoria. Asimismo, los mecanismos deben ser asequibles en términos económicos.

4. La adopción de medidas de protección para los integrantes del movimiento Reconocido - organización compuesta por dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana que exigen que el Estado reconozca su nacionalidad dominicana – que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia debido a las amenazas y agresiones a las que han estado expuestos (resolución de 30 de enero de 2014).

La Alta Representante de la Unión Europea Catherine Ashton ha manifestado en un comunicado su preocupación ante la situación de las personas dominicanas desnacionalizadas, así como su confianza depositada en el Estado y en la aplicación de medidas concretas que salvaguarden los derechos humanos acorde con los mecanismos internacionales. Por otro lado, en el seno de los Exámenes Periódicos Universales de Naciones Unidas, hasta más de 20 países se han mostrado disconformes en lo relativo a la retroactividad de la sentencia.

En este sentido, una ley que reconozca la nacionalidad dominicana de las personas que ya la tuvieran en 2010 y los derechos derivados de la misma, podría ser una solución efectiva para muchas de estas personas, que en muchos casos, están viviendo en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Además, sería necesaria en cualquier caso, la adopción de medidas de carácter urgente que garantizaran el pleno cumplimiento de los derechos humanos de las personas que han sido privadas de sus derechos fundamentales.

Le agradecemos de antemano su atención y consideración, nos gustaría expresar nuestro total apoyo a las medidas que su gobierno pueda llevar a cabo en relación con este tema, y le enviamos nuestros más cordiales saludosy deseos para la solución de las diferencias expuestas.

Atentamente,

MARÍA MUÑIZ DE URQUIZA
RICARDO CORTÉS LASTRA
DOLORES GARCÍA-HIERRO CARBALLO
RAÜL ROMEVA I RUEDA
JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR
IRATXE GARCÍA- PÉREZ
FRANCISCO SOSA- WAGNER
EIDER GARDIAZÁBAL RUBIAL
IÑAKI IRAZABALBEITIA FERNANDEZ
EMILIO MENÉNDEZ DEL VALLE
WILLY MEYER
ANDRÉS PERELLÓ RODRÍGUEZ
INÉS AYALA SENDER
MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ
PATRICE TIROLIEN

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