El enredo de las cifras

Compartimos la tercera entrega del reportaje especial de CONNECTAS y el diario El País sobre los asesinatos de líderes sociales en Colombia.

¿Cuántos líderes sociales han matado en Colombia? Ninguna de las instituciones del Estado se pone de acuerdo. Así lo dejó claro la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, en el debate de control político del 5 de septiembre en el Congreso de la República. Allí también dijo que no existe unidad en la caracterización de los líderes y que solo en algunas entidades se aplica la definición de Naciones Unidas como punto de partida para iniciar las investigaciones.

Entonces, casi todos hacen conteos desde desde 2016 cuando se firmó el Acuerdo de Paz con las Farc, acuerdo que se dejó sentada la necesidad de proteger a estas personas. La Defensoría del Pueblo tiene hasta el 31 de julio pasado 333 asesinatos. La Fiscalía General de la Nación, los Ministerios del Interior y de Defensa, la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección, fijaron para sus reportes 178 crímenes. ¿Por qué la disparidad de las cifras y qué ocurrió de 2016 hacia atrás?

Como lo dijo la Ministra del Interior e insiste el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, la definición parte de la descripción que hizo Naciones Unidas en 2002 de los líderes sociales: “Son defensores de los derechos humanos quienes trabajan en la defensa y vigencia de los principios democráticos y la paz; quienes defienden los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de los niños, de los indígenas, de las minorías, de otros grupos, incluyendo líderes y representantes de organizaciones sociales, campesinas, etc”. A partir de allí se crearon 20 categorías de líderes, entre ellos, comunal, comunitario, de tierras, campesino, de mujeres, afrodescendiente, indígena, sindical, ambiental, social…

El problema, sostiene Carlos Guevara, de la organización Somos Defensores, no solo es de concepto, “también es de metodología, de la manera como se recopilan los casos en todo el territorio nacional”.

Admite que tras la firma del Acuerdo de Paz, la polarización política, distintas organizaciones comenzaron a publicar informes que necesariamente “no tienen una metodología rigurosa” para obtener su información, por lo que incluyen a personas que no se dedicaban al liderazgo o reivindicaban derechos, sino que pertenecían a un sector político y eso necesariamente “no los convierte en líderes”.

Sin embargo, Leonardo González, coordinador investigativo del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, asegura que “líder no solo es quien coordina y dirige la organización, sino también quien hace parte de ese colectivo”, como los que trabajan organizando documentos, recogiendo el dinero de las actividades, concretando citas, o simplemente, estableciendo contactos con otros sectores de la comunidad.

El defensor Nacional del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, considera que el problema no es de cifras, pero pone un ejemplo: “Hay un muerto, para mí es un líder social porque es el presidente de la Junta de Acción Comunal o de la ONG de Derechos Humanos. Pero ¿si la causa criminal, según el Fiscal y sus investigadores, es que lo mataron por un problema con su vecino, tengo que decir que no eran 333 líderes muertos sino 332?”.

Hasta antes de que llegara Negret, no había un consolidado o unidad especializada encargada de contabilizar los sucesos violentos contra los líderes. Y las cifras de la Fiscalía o de la Defensoría, no se comparan entre sí con sus propios registros para establecer si hay o no incremento de los asesinatos. Por eso El País, Early y CONNECTAS, plataforma periodística para las Américas, tomaron como referencia los datos de la Fiscalía General desde 2012 hasta diciembre de 2017.

Las cifras con datos específicos y actualizadas a este año no nos fueron entregadas por la Institución, pese a que en julio pasado publicaron un informe conjunto con la Policía Nacional, la Oficina de Derechos Humanos de la Presidencia y la Unidad Nacional de Protección en la que indican que 30 personas fueron asesinadas en lo que va del año por su actividad relacionada con el liderazgo.

En los reportes que sí obtuvimos, se encontró un total de 357 líderes asesinados. De ellos, el 81,2% eran hombres; el 13,7 % eran mujeres y el 5 % eran reconocidos como integrantes de la comunidad LGTBI.

Pese a que la Fiscalía asegura que tienen identificados 20 tipos de líderes en país, en las cuentas entregadas a este diario figuran 25 grupos. De ellos, el 39 % eran comunales. En una segunda y amplia proporción, están los indígenas, con 23 %. Después están los campesinos, los sindicalistas… Ni qué hablar de lo que muestran las investigaciones para dar con el paradero de los responsables. De los 357 asesinatos 250 están en etapa de indagación, es decir, no se ha investigado ni el 70 % de los homicidios. No importa si el crimen ocurrió el primero de enero de 2012.

El fiscal explica que en su administración, que arrancó en agosto de 2016, asumió el compromiso de impedir la impunidad en los casos de líderes sociales. Por eso, justifica que las investigaciones arrancaron desde ese año. “Estamos trabajando públicamente frente a lo que está ocurriendo, sin perjuicio de lo que están haciendo en la Dirección de Derechos Humanos con los casos anteriores. Nosotros estamos sacando investigaciones del cesto de la basura, como lo ocurrido con la Unión Patriótica”.

Sin embargo, Carlos Guevara considera que los resultados de la Fiscalía “son un invento” porque “en los últimos años, de más de 500 casos de homicidios solo hay 48 condenas. La única prueba para medir que la justicia funciona se llama sentencia condenatoria”.

Hoy, frente al análisis de cifras, el Estado se niega a reconocer que hay una sistematicidad en los homicidios pese a que hay patrones frente a la víctima: tipo de trabajo que desempeñaban, lugares de los homicidios, tipo de arma utilizada para el crimen; pero no frente al victimario.

Oleadas de asesinatos muertos, vienen y van mientras que el silencio se impone en las comunidades y los líderes que sobreviven tienen miedo a levantar la voz y sus comunidades por quedan inmóviles ante el terror que está de regreso.

Fuente

  • CONNECTAS
  • Investigación: Jessica Villamil Muñoz | Editora: Priscila Hernández Flores | Fotografías y video: Jorge Orozco | Conceptualización y diseño multimedia: Mauricio Montoya Mejía | Edición de video: Juan Daniel Sánchez | Procesamiento y análisis de datos: Early (María De Arteaga, Vicente De Arteaga y Benedikt Boecking).

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