A los Estados en América Latina ¿les importan sus víctimas?

La creciente ola de violencia que afecta a países como México puso al desnudo la indolencia y negligencia de las instituciones para enfrentar el desafío de atender a quienes exigen justicia y verdad. Análisis de Juan Pablo Tovar para CONNECTAS.

“Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”. Este famoso micro relato, escrito por el guatemalteco Augusto Monterroso, podría servir de título para describir lo que encontraron, a la vuelta de sus casas, los habitantes de la colonia Tlajomulco en las afueras de Guadalajara, la segunda ciudad más importante de México, la mañana del 18 de septiembre

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Foto: Daniel Cima/CIDH

Un tráiler abandonado, con 157 cadáveres envueltos en bolsas plásticas, perteneciente al centro forense de Jalisco, les recordó, al igual que “el dinosaurio”, a todos los mexicanos y el resto del mundo que la violencia criminal está presente y que las instituciones están desbordadas.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, sólo en Jalisco hay 3.362 desaparecidos. En todo México, 36.265. Y según los familiares, que han recorrido miles de kilómetros buscándolos, muchos más.

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En “Cuauhtémoc casi toda la información relevante que se encuentra en las investigaciones es la proporcionada por las familias y sus representantes legales, lo que transfiere indebidamente a las víctimas la carga de impulsar las averiguaciones”, reveló el informe “Un trato de indolencia” (Amnistía Internacional) sobre la respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México.

México no es el único país que está desbordado para atender a las víctimas. Hay varios en la región, como ocurre en Guatemala, donde también las víctimas  denuncian que no se busca a los desaparecidos del conflicto armado interno desde la década de los noventa y advierten la falta de voluntad de los gobiernos para resarcirlas. Casi veinte años después, según la Procuraduría de los Derechos Humanos, a corte de 2017 “no refleja ningún avance” para la reactivación del Programa Nacional de Resarcimiento.

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Que en América Latina las víctimas desconfíen de sus gobiernos, en gran parte, es el resultado de la incapacidad de sus propias instituciones a dar respuestas sólidas y oportunas que les ayuden a encontrar la verdad y garantizar la justicia.

En Colombia, donde el conflicto armado interno duró más de medio siglo, se han visto avances en la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución del año 2011, creada para atender a cerca de 8 millones de víctimas que tiene el país (por casos de homicidio, secuestro, desaparición forzada, el reclutamiento forzado y el desplazamiento forzado).

No obstante, emergen retos como la sostenibilidad fiscal para mantener los programas e instituciones. Además de “la  generación de expectativas que se han desarrollado en torno a la política de reparación. Ya en la actualidad, la demanda excede el ritmo y la capacidad de respuesta por parte de las autoridades estatales. Según el universo presente de víctimas, más del 90% está pendiente de reparación”, explica Angelika Rettberg, investigadora colombiana.

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La indolencia de los gobernantes con las víctimas

Mientras en Colombia, la posición pública del expresidente Juan Manuel Santos fue poner en primer lugar a las víctimas como la razón para hacer el Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC, en el país azteca, los mandatarios Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se negaron a escuchar a las víctimas e incluso no permitieron su acceso a espacios públicos. O las llegaron a escuchar, pero lo hacían con profunda indiferencia.

Recientemente, Peña Nieto, quien está a menos de tres meses de terminar su mandato, reconoció “No hemos alcanzado el objetivo de darle a los mexicanos paz y tranquilidad en cualquier parte de la geografía nacional”, como parte de un video  de balance sobre su gestión en el que no hizo mayor mención a las víctimas de su país.

Las víctimas en América Latina ven como se repite la indiferencia de los estados como pasa en El Salvador, ahí en un hecho sin precedentes, a finales de 2017, durante la presentación del segundo Informe sobre Desplazamiento Forzado por Violencia, Fátima Ortiz, la directora de Atención a Víctimas en ese país, se negó a responder a los periodistas que le preguntaban ¿Cuándo el gobierno salvadoreño aceptaría que hay desplazamiento forzado por violencia y cuándo protegerá a esas víctimas?

Silencios que dan cuenta de la indolencia de funcionarios y dirigentes con las víctimas. Para Italy Ciani, abogada penalista, “México es un país con un genocidio por goteo en tiempos de aparente paz”. En declaraciones a El Espectador (Colombia) cuestiona “la incapacidad del Estado mexicano y su desinterés por saber quiénes son los muertos, su desinterés por tratarlos con la dignidad que merecen aunque ya no están; se pregunta de qué familia vienen, quién los está esperando en casa”.

A cuatro años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con los familiares de las víctimas y prometió la creación de la comisión que investigará de forma “imparcial y objetiva” los hechos ocurridos.

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Un hecho significativo, que puede marcar un nuevo rumbo político, y que renueva las esperanzas de muchas de las víctimas en México de tener justicia “Es el primer día en cuatro años en que los padres nos sentimos con esperanza. Es el primer día en que un Gobierno nos dice que nos va a ayudar y que sabremos la verdad”, comentó a El País Epigfanio Álvarez, padre de Jorge Álvarez Mora, uno de los jóvenes que fueron entregados al narcotráfico por policías municipales.

Esa esperanza por encontrar la verdad es lo que une a millones de víctimas en México, Guatemala, El Salvador, Colombia y otros países de América Latina. El gran interrogante es si el Estado y sus propios habitantes serán capaces de construir sociedades que sientan el dolor del otro, como un primer paso para saldar una deuda histórica.  

En Colombia se dice con frecuencia que todas las personas han sido víctimas del conflicto armado en alguna forma. Sin embargo, al decir “todos” se corre el riesgo de olvidar lo particular. Cada sociedad ha sufrido fracturas por la violencia, pero para poder sanarlas es esencial el reconocimiento de la historia particular de las víctimas, quienes más que buscar reparación económica, demandan una reparación simbólica y la garantía de que “Nunca más”, como la consigna del informe sobre las violaciones de derechos humanos durante la dictadura en Argentina, vuelvan a pasar por eso ni ellas ni ninguna persona.

Fuente

  • CONNECTAS
  • Juan Pablo Tovar es eriodista de Colombia especializado en Opinión Pública. Desde 2015 ha trabajado en diversos proyectos de formación e investigación periodística, en temas como elecciones, periodismo digital, paz y conflicto, entre otros. Este año participó en el especial periodístico "Bogotá Indígena" realizado por el medio colombiano Agenda Propia. Actualmente, periodista en CONNECTAS.

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