En resistencia contra la estrategia del terror

El enorme esfuerzo nacional para lograr un cambio en Nicaragua requiere de un esfuerzo internacional equivalente. En junio empezamos a tener las primeras señales de que el mundo empieza a saber lo que pasa en Nicaragua. Se suman las voces contra la estrategia del terror. Informe cronológico del equipo de Envío.

El 30 de mayo, cuando el régimen disparó contra la multitudinaria manifestación del Día de las Madres, la lucha cívica se vio desafiada por la imposición del miedo a través de una estrategia de terror, opción de Ortega para sofocar la rebelión. Las fuerzas policiales y las parapoliciales han desatado el terror por todo el territorio nacional, provocando muertos y heridos, capturando y deteniendo ilegalmente a quienes antes de esa fecha estuvieron “en las protestas” o “en los tranques”. El país no puede, como pretende a balazos Ortega, volver a “la normalidad”, a lo que era antes del 18 de abril…

Tranques y barricadas

Desde abril, y en número cada vez mayor, tranques en las carreteras y barricadas en las ciudades han sido uno de los recursos empleados por la resistencia cívica.

Al iniciar junio había ya más de 100 tranques bloqueando carreteras por todo el país y decenas de furgones centroamericanos de mercancías detenidos en la frontera sur.

Más que las movilizaciones, marchas y plantones masivos que hubo en abril y mayo, tranques y barricadas defendiendo a la gente del ingreso de las fuerzas policiales y parapoliciales, organizando territorialmente a la población y concitando la solidaridad de otros pobladores para “mantener” el tranque o la barricada con la donación de alimentos y medicinas, se convirtieron en el único instrumento de presión cívica sobre el régimen que es permanente, que está ahí de día y de noche y que logra cubrir todo el país.

La estrategia de terror del régimen priorizó en junio el desmantelamiento a sangre y fuego de tranques y barricadas, atacando a quienes los resguardaban y secuestrando y encarcelando, también asesinando, a quienes los respaldaban... Auténticos operativos militares se desarrollaron con ese objetivo por todo el país.

¿Por qué el terror?

Después del desconcierto y los niveles de improvisación que evidenció el régimen en los primeros momentos del estallido de abril, la apuesta posterior ha sido el organizar una sistemática política de terror. Los expertos en seguridad no han dudado en calificarla como terrorismo de Estado. Se lleva a cabo de una manera coordinada obedeciendo a un mando único y siguiendo las mismas pautas.

En debate y en discusión está en el país si el Ejército está o no implicado en la estrategia del terror, en la que sí aparece abiertamente la Policía. Hay quienes creen que el Ejército se ha negado a colaborar con la represión y, por eso, Ortega organizó por su cuenta y con su gente las fuerzas irregulares que hoy imponen el miedo en el país. Quienes así piensan exigen que sea el Ejército el que desarme a esas fuerzas.

Para otros, como el mayor en retiro del Ejército, Roberto Samcam, es de los arsenales del Ejército de donde han salido las armas que usan las fuerzas parapoliciales y son ex-miembros del Ejército quienes las dirigen, encapuchados, siguiendo en las “operaciones de limpieza” de tranques y barricadas, y en otras incursiones, una estrategia con las características de un operativo militar, bélico. Desde este punto de vista, existiría una estrecha colaboración entre Ortega y el Ejército y la Policía se habría subordinado a esa estrategia.

En páginas siguientes de este número, el experto en seguridad Roberto Cajina explica ampliamente cómo se recluta a los parapoliciales y cómo actúan. Se pregunta Cajina qué intereses prevalecerán en el Ejército, si los de los que defienden la institucionalidad de las fuerzas armadas o los de los sometidos a los designios de Ortega. Y opina que, dado el volumen de fuerzas irregulares, que han actuado en esta política de terror y sus niveles de criminalidad, será necesaria la intervención de Fuerzas de Paz de la ONU para garantizar su desarme.

“Será difícil desarmarlos”

En el análisis que hace el medio digital de periodismo investigativo “Insight Crime” sobre los grupos parapoliciales en Nicaragua se lee que “el uso de estos grupos hace más difícil atribuir abusos contra los derechos humanos a las fuerzas de seguridad estatales y permite al gobierno de Ortega distanciarse para evadir las sanciones por violaciones de derechos humanos”.

Los investigadores ven así el futuro de los parapolicías: “Es posible que los actuales disturbios les permitan afinar sus habilidades criminales e inmiscuirse más en actividades ilícitas, como la extorsión y el secuestro. Implicados ya en robo y secuestro con fines políticos, no sería difícil que consideraran sacar provecho personal de su experiencia en estas actividades”.

Roberto Orozco, experto en seguridad, dijo a “Insight Crime”: “Será difícil desmantelar estos grupos porque son autosuficientes y están armados hasta los dientes con armas que el Estado les suministra. Y esas armas no serán devueltas cuando termine la represión. El aumento del número de personas como éstas en posesión de armas puede crear una situación de mayor inseguridad, con altos índices de extorsión, homicidios y otros crímenes”.

Un estado de sitio de facto

Las caravanas de fuerzas irregulares -se les denomina paramilitares, parapoliciales, terceros armados…- se mueven acompañadas y resguardadas por patrullas de la Policía en las que van efectivos de la Policía y policías antimotines. Entre ambos, policías y para¬policías, desmantelan tranques y barricadas. El régimen llama “acontecimientos milagrosos” a los operativos “de limpieza” que eliminan tranques.

A los “paras”, que van encapuchados, les corresponde realizar el trabajo sucio. Consiste en el allanamiento de viviendas -a veces las saquean y roban- y en la captura de personas. Son vecinos pertenecientes a los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) los delatores que entregan a los parami¬litares listas con nombre y dirección de quienes saben o sospechan que están participando en protestas o en tranques y barricadas para que los saquen de sus casas a la fuerza.

En la capital y en el resto del país este accionar criminal ha provocado un estado de sitio de facto que se ha impuesto la misma población. Cuando cae la tarde la gente se encierra en sus casas. Y ni siquiera entonces se siente segura, porque los operativos de limpieza y de captura, también incendios y saqueos, ocurren en las noches.

Detenidos ilegalmente, presos políticos

La estrategia del terror criminaliza a quienes protestan. Los encapuchados detienen y llevan a los detenidos a estaciones de la Policía. Generalmente, los trasladan a Managua, a la cárcel de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote.

Los mantienen detenidos un número indeterminado de días, sin dar información a sus familiares y mucho menos sin permitirles acceso a la defensa. Los amenazan, los golpean. Y más recientemente, a los que consideran con más liderazgo, los judicializan, achacándoles delitos que nunca cometieron y de los que son responsables los parapoliciales: saqueos, incendios, incluso asesinatos.

Éste ha sido un patrón generalizado en todo el país. El CENIDH (Centro Nicaragüense de Derechos Humanos) recibió cinco denuncias diarias de detenciones ilegales, ejecutadas de esta forma en el mes de junio. Al finalizar el mes, la Policía empezó a trasladar detenidos en El Chipote a la cárcel Modelo de Tipitapa. La Comisión pro Derechos Humanos (CPDH) ha indicado que existen cárceles clandestinas, que habría instalado el régimen en distintos lugares de Managua y cercanías.

En las afueras de El Chipote, una prisión usada por Somoza para torturar a sus opositores, se aglomeran a diario madres, hermanas, padres, familiares de los detenidos, preguntando por los apresados. Cargan cartulinas con sus nombres y sus fotos. Lloran, suplican ante las verjas que dan paso a la cárcel. Una anciana de 96 años pasó una semana, día y noche, esperando allí que le devolvieran a su nieto. Detrás de cada foto hay una tragedia. Se busca castigar a los jóvenes y amedrentar a las familias. “Son presos políticos”, afirman los jóvenes universitarios que integran la Alianza Cívica.

¡Comandante Daniel, ordene!

El partido de Ortega también pretende reagrupar políticamente a sus bases para imponer la celebración del 19 de Julio con una masiva manifestación de simpatizantes en un país “limpio” de tranques y de rebeldes…

El 20 de junio y con las consignas “¡Comandante Daniel, ordene!” y “La defensa de la paz es la defensa del sandinismo”, el presidente del Poder Legislativo, Gustavo Porras, promovió con los sindicatos del FNT que él controla una reunión para lanzar la iniciativa llamada Comisiones de Paz. Según se lee en el documento que hicieron público ese día, las comisiones “organizarán en cada territorio, barrio, comarca, caserío y centro de trabajo equipos para la denuncia permanente de las acciones criminales de los enemigos de la paz”. Se trata de complementar el trabajo de delación que desarrollan los CPC en los barrios promoviendo algo similar en los centros de trabajo.

Otra tarea para las comisiones es “la difusión de las victorias por la paz que vamos teniendo y para esto conformaremos un mayor número de equipos de producción, reproducción y difusión en las redes sociales”.

Se pretende intensificar la difusión en las redes sociales de perfiles falsos y noticias falsas y de troles que inventan lo que no sucede, convocan a lo que no ocurre y amenazan, difaman y hostigan.

La iglesia desafía el terror

En ausencia de partidos políticos creíbles, los obispos de Nicaragua se han ganado un enorme reconocimiento en esta crisis. A pesar de sus fragilidades, el papel que están jugando es imprescindible e insustituible.

La realidad ha convertido a la jerarquía de la iglesia católica, no sólo a los obispos, también a sacerdotes, párrocos, a religiosos y a religiosas, en la institucionalidad más creíble y confiable de nuestro país. No había otra institución política, ni otra organización social, con presencia nacional, capaz de asumir este papel cuando en abril la ciudadanía se rebeló contra el régimen. Desde esos primeros momentos los representantes de la iglesia católica han ido respondiendo a cada vez más retos, y cada vez con mayor valentía, responsabilidad y espíritu de servicio.

Hay quienes cuestionan la parcialidad de los obispos, que tienen el papel de “mediadores” en el diálogo nacional y, por tanto, debían ser neutrales en el conflicto. Pero, en una situación tan extrema, y siguiendo el mandamiento básico de las grandes religiones de la humanidad, y de la ética más esencial, que ha escrito en la conciencia de los seres humanos “no matarás”, los líderes católicos se han puesto claramente del lado de la gente que ve en peligro su vida y la de los suyos.

“Dios está con nosotros”

Ortega y Murillo, que pensaban tener bajo control a los líderes de la iglesia católica, se equivocaron y hoy los consideran enemigos. Ésta es una de sus grandes debilidades en el actual contexto de lucha, todavía mayor tratándose de un pueblo tan religioso.

La religiosidad popular, en todas sus expresiones, está de mil modos presente en este esfuerzo cívico. Hay imágenes de la Virgen en los tranques de las carreteras y entre los adoquines de las barricadas, los autoconvocados llevan rosarios al cuello, quienes hablan por la radio para alertar sobre los ataques de los paramilitares, además de informar, piden tiempo para compartir oraciones que improvisan o basan en textos bíblicos. “Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?” se lee en pancartas de muchas movilizaciones.

Del lado evangélico, los creyentes de esas denominaciones (un 40% de la población nacional) y los pastores locales apoyan a la gente y la protegen, de modo similar a como lo hacen los católicos. Pero los dirigentes evangélicos más conocidos, los más mediáticos, o callan o defienden al gobierno abierta o implícitamente, cuando insisten en que “de todos lados hay violencia”, sin señalar quién la inició y cuánta es la desigualdad de fuerzas en esta lucha.

Los obispos y la alianza

Otro espacio de resistencia es el diálogo nacional. El diálogo ha legitimado, tanto a los obispos como a la Alianza Cívica que está en la mesa frente a la delegación del régimen.

En la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia participan jóvenes que iniciaron la insurrección, de distintos recintos universitarios, representantes del movimiento campesino y de la Costa Caribe, empresarios del COSEP y de la Cámara de Comercio Americana-Nicaragüense (AMCHAM) y varios representantes de la sociedad civil.

Los obispos y la Alianza son los interlocutores que cualquier actor internacional que se interese o pueda influir en la crisis nacional tiene que escuchar.

Sin embargo, la urgencia que reclama la crisis y la lentitud del formato que tienen las sesiones del diálogo hace que mucha gente cuestione la eficacia del diálogo como mecanismo de presión sobre Ortega.

Ortega no quiere “este” diálogo

Cuesta a la gente entender que Ortega no quiere ni dialogar ni negociar y que no le quedó más remedio que aceptar el diálogo nacional y también su actual formato: los obispos como mediadores y en la Alianza Cívica empresarios, campesinos, jóvenes y sociedad civil como interlocutores.

Los ha aceptado sólo forzado por la presión popular. Cuesta a la gente entender que nada sería más útil a la estrategia del régimen que los obispos y los miembros de la Alianza Cívica se desesperaran y dieran por concluido el diálogo.

En un escenario político sin “este” diálogo nacional, el régimen de Ortega y de Murillo inventaría otro formato de “diálogo” seleccionando a otros mediadores sumisos y a otras contrapartes controladas, con las que armar una apariencia de negociación para alcanzar “la paz” y volver a “la normalidad” anterior a los sucesos de abril.

Las cifras del terror

El terror ha aumentado en junio. El día 26 la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos (ANPDH) brindó las cifras que ha recogido a partir de las denuncias que recibió entre el 18 de abril y el 25 de junio.

  • Informó de 285 personas asesinadas en el contexto de las protestas. 262 plenamente identificadas y 23 aún en proceso de investigación.
  • El 96.2% de los muertos son civiles, el 3.8% policías.
  • El 56.1% de los muertos (127) tienen una edad identificada. De ellos 21 eran niños y adolescentes y el resto jóvenes menores de 30 años.
  • La mayoría de los muertos (145) cayeron en Managua. El municipio de Masaya sigue a la capital en número de muertos: 30.
  • El 82.2% (235) de los muertos fueron heridos con arma de fuego. El disparo fue en la cabeza en el 32% de los casos.

La sangre que no cesa

La ANPDH contabiliza 1,500 heridos atendidos en centros hospitalarios, de los cuales 46 han quedado lisiados de forma permanente.

Cuenta 72 detenidos ilegalmente y 201 que ya lo estuvieron y fueron liberados con señales de haber sufrido torturas y tratos degradantes.

Contabiliza también 156 personas desaparecidas. A finales de junio el caso de un joven que permaneció desaparecido durante dos meses y apareció en Managua desorientado y con cicatrices en todo su cuerpo, más la información que suministró a la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), permite suponer que existen cárceles clandestinas en donde estarían algunas de las personas que se consideran “desaparecidas”.

Según estas cifras, cada seis horas es asesinado un nicaragüense. Una semana después, y hasta el 2 de julio, la ANPDH contabilizaba ya a 309 muertos, el 297 de ellos civiles y 253 de ellos víctimas de armas de fuego. Cifró en 158 las personas desaparecidas y en más de 200 las detenidas ilegalmente. Al poner punto final a este texto, 6 de julio, las cifras ya eran mayores.

Las cifras del desplome de la Economía

En este pulso entre el obcecado aferramiento al poder de Ortega y de Murillo y la determinación de la gente en resistir a ese poder, también al terror y al miedo, se ha desplomado la economía nacional.

La más resentida es la economía popular: centenares de pequeñas y medianas empresas, de turismo, comercio y servicios fundamentalmente, han tenido que cerrar o trabajan menos horas, dejando en un desempleo definitivo o temporal “hasta nuevo aviso” a miles de personas, una tragedia en un país en el que el 80% de las empresas son pequeñas y medianas y en donde el desempleo o el empleo informal son los principales problemas de la gente.

Este masivo y repentino desempleo y el temor a la violencia desatada por el régimen han provocado que centenares de personas, especialmente jóvenes, busquen apresuradamente visa y pasaporte para huir del país. Largas y diarias filas en las oficinas de migración son muestra de la crisis. Son miles los que piden refugio en Costa Rica. Otras opciones son Panamá y España.

Ya terminando junio, el Presidente del Banco Central tuvo que reconocer que la meta de crecimiento para 2018, que el BCN cifraba en 4.5% y 5% y que hasta entonces pretendió mantener intacta, estaría entre el 0.5% y el 1.5%. Con la economía hundida por la crisis y el incremento de la migración, lo único que crecerá serán las remesas familiares.

“Es un golpe de la oligarquía”

Horas después de que hablara el Banco Central, FUNIDES (Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Social), vio más negativas las cosas. Proyectó que “tras 72 días de crisis, y ante la falta de voluntad del gobierno para buscar una salida negociada a la crisis”, en 2018 la economía ha perdido ya más de 600 millones de dólares y podría perder hasta 1,400 millones. Calculó que el año cerrará con crecimiento negativo, que el PIB caerá entre –0.03% y –5.6%, anunciando que ya se habían perdido en todo el país 215 mil empleos.

Juan Sebastián Chamorro, director de FUNIDES y miembro de la Alianza Cívica, dijo que se trata de una crisis económica “histórica, la más significativa después de la de 1978” -cuando se intensificó la insurrección contra Somoza-.

“Desde 1978 no había ocurrido una recesión tan grande viniendo el país de un crecimiento positivo”, dijo. Consideró muy difícil pronosticar cuánto tiempo costará la recuperación. Para algunos analistas, las consecuencias económicas de la actual crisis política superan ya el daño que habría causado la aprobación de la Nica Act en el Congreso estadounidense.

A los cálculos de FUNIDES siguieron días después nuevas cifras oficiales. Éstas venían acompañadas de una “interpretación” de la crisis. Las dio el Ministro de Hacienda Iván Acosta, diciendo que eran 250 mil los desempleados, como resultado de “un golpe de Estado a la estabilidad del país y a la economía” nacional, provocado por “la oligarquía en nombre de la institucionalidad”.

Tomas de tierras: una política de venganza

La estrategia del régimen ha tocado también a los empresarios con una campaña bien organizada de invasión de fincas y de terrenos privados.

La Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, una de las cámaras empresariales del COSEP, denunció el 20 de junio en un comunicado “un incremento desmedido de invasiones de fincas de nuestros asociados que, al margen de la ley y vulnerando el derecho de la propiedad privada, se comenzaron a registrar desde la primera semana de junio en León y Chinandega y que se ha extendido a zonas de Managua, Rivas y Estelí”. Las propiedades invadidas tienen entre 50 y 700 manzanas. A finales de junio habían sido ya invadidas 4 mil manzanas de tierras agropecuarias.

Los “tomatierras” son familias pobres que se prestan a colaborar en estas maniobras. A plena luz del día, y sin que la Policía ni ninguna otra autoridad intervenga, unos y otros son conducidos a las tierras que van a tomarse en vehículos de autoridades municipales o del partido de Ortega. En los terrenos invadidos se reparten los lotes, instalan champas, a veces deforestan, y allí comienzan a vivir. El régimen les promete titularles esos terrenos. Algunos no pierden tiempo y venden lotes que invadieron a nuevos invasores…

Un populismo irresponsable

Con este “populismo irresponsable”, Ortega busca fabricarse una nueva base de simpatizantes. Ya lo había hecho en 1990, cuando el FSLN perdió las elecciones: legalizó masivamente tierras rurales y lotes urbanos que le garantizaran una base social para gobernar “desde abajo”. Esta política populista debe leerse también como una represalia con la que castigar a empresarios privados que han desafiado al régimen con críticas o poniendo punto final al “modelo de diálogo y consenso” que mantuvieron con Ortega durante diez años, un pacto económico que los convirtió en los mejores aliados del régimen, en sus socios privilegiados.

Como a la jerarquía católica, Ortega también perdió en este giro de la historia nacional al empresariado y, en desquite, y como a párrocos y a obispos, les pasa la cuenta, a unos saqueando iglesias, a otros invadiéndoles propiedades, a todos intimidándolos.

La resistencia de Nicaragua llega a la OEA

La determinación de la resistencia en su rebelión contra el régimen requiere de un decidido apoyo internacional. Si en junio se desató el terrorismo de Estado, también junio trajo al escenario de la crisis nuevas presiones internacionales sobre Ortega, que está cada vez más aislado y con cada vez menos amigos.

Ya en mayo, el diálogo nacional había conseguido un importante fruto cuando forzó al gobierno a tener que invitar a Nicaragua a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una instancia autónoma de la OEA. El informe preliminar que la CIDH elaboró a partir de más de mil testimonios que escuchó en Managua, Masaya, León y Matagalpa de boca de familiares de las víctimas de las matanzas de abril, constituyó el primer paso de la presión internacional sobre el régimen.

El 5 de junio, en la Asamblea General de la OEA celebrada en Washington y dedicada al tema de Venezuela, la crisis de Nicaragua logró entrar en la agenda del día. No estaba previsto. Irrumpir en ese espacio continental fue un enorme logro de la delegación de la Alianza Cívica, que se desplazó hasta allá para hacer oír la voz de Nicaragua. Desde ese día la resistencia ciudadana cuenta con una nueva herramienta: una mayor atención del continente a lo que pasa en Nicaragua.

El Régimen firma la declaración

La “Declaración en apoyo al pueblo de Nicaragua” que fue aprobada por la OEA el 5 de junio fue presentada en conjunto por el gobierno de Estados Unidos y el de Nicaragua. La firma del representante de Ortega en la declaración causó sorpresa y suspicacias. El embajador de Estados Unidos en la OEA, Carlos Trujillo, aclaró después que, según los procedimientos, sólo con el respaldo del gobierno de Nicaragua se podía conseguir una declaración de este tipo.

Sus contenidos también sonaron muy genéricos, dados los niveles de violencia que padece en Nicaragua y dado que en el texto no se identificaba al gobierno de Ortega como el promotor de la violencia.

El responsable de la violencia

En el plenario de la Asamblea, Trujillo fue explícito: la declaración marcaba el comienzo de la participación de los Estados miembros de la OEA “en la grave situación en Nicaragua” y tenía por objetivo poner fin a “la violencia perpetrada contra la población por el gobierno y sus partidarios y eliminar las prácticas antidemocráticas que el gobierno ha instituido en la última década”.

Y para disipar cualquier sospecha porque la firma del representante del gobierno de Ortega aparecía en la declaración, afirmó: “Seamos claros: el gobierno nicaragüense tiene la responsabilidad principal de cumplir con el llamado que hace la declaración al “cese inmediato de actos de violencia, intimidación y amenazas contra el público en general” (eso era lo que se leía en la declaración). Es el gobierno nicaragüense el que ha cometido crímenes graves contra manifestantes pacíficos y contra la propiedad”.

“Con Violencia no hay negociación”

Trujillo llegó unos días después a Nicaragua para una visita de dos días. Habló con los obispos, con los miembros de la Alianza Cívica y con Ortega. Bastantes comedidos en sus declaraciones, tanto Trujillo como sus interlocutores, al abandonar el país se comprendió claramente el objetivo de la visita: lograr que Ortega enviara por fin invitaciones para venir a Nicaragua a la Unión Europea, al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de nuevo, a la CIDH. No fue su voluntad, fue la presión externa.

Días después, y en entrevista con “La Prensa”, Trujillo comentó sólo algo sobre el contenido de la entrevista que había tenido con Ortega: “Hablamos sobre la violencia. Le dijimos que Estados Unidos está sumamente preocupado por la violencia, que vamos a estar al tanto de las personas que son responsables de la violencia porque un día van a ser juzgadas por esos crímenes… Mientras haya violencia no hay negociación”.

Tres más en la Ley Magnitsky

Fue unos días después que las palabras de Trujillo se hicieron realidad. El 5 de julio el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplicó la Ley Global Magnitsky a tres nicaragüenses del entorno más cercano a Ortega.

Fueron sancionados Francisco Díaz, jefe de facto de la Policía y consuegro de Ortega y Murillo; Francisco López, tesorero del FSLN y Fidel Moreno, secretario político del FSLN en Managua.

En el comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos se lee que Francisco Díaz “ha participado en graves abusos de los derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua”, que Fidel Moreno “ha dirigido actos de violencia cometidos por la Juventud Sandinista y grupos armados pro-gubernamentales que han sido implicados en numerosos abusos contra los derechos humanos relacionados con las protestas contra el gobierno”. Y que Francisco López es el vicepresidente de ALBANISA, presidente de Petronic y tesorero del partido gobernante, y ha sido acusado de utilizar su posición en beneficio propio y el de su familia, al usar compañías de su propiedad para ganar contratos con el gobierno…”

“Como resultado de estas acciones -dice el comunicado- quedan bloqueados todos los bienes o toda participación en bienes de los sancionados dentro de la jurisdicción de EEUU. A los estadounidenses se les prohíbe realizar transacciones con las personas bloqueadas, incluidas entidades que pertenecen o que están controladas por ellas”.

Ortega no da ninguna señal de cambio

El horizonte cerrado que ha dejado en el país la estrategia del terror ha generado todo tipo de especulaciones sobre una negociación para su “salida” que habría acordado Ortega con funcionarios de Estados Unidos.

La visita a Nicaragua en junio de Caleb McCarry?, enviado con el aval del Departamento de Estado de Estados Unidos y del senador republicano Bob Corker, influyente presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dio pie a todo tipo de rumores.

McCarry?, experto en temas de transición, se reunió con los obispos y con miembros de la Alianza Cívica. ¿Qué salió de esa reunión? Tal vez Ortega le dijo a McCarry? sólo lo que éste quería escuchar… Es posible, seguramente es probable que así fuera y así lo demuestra el no ver ni una sola señal de cambio que haya dado el régimen.

Ortega ni siquiera ha aceptado adelantar las elecciones a marzo de 2019, fecha propuesta por los obispos y por la Alianza Cívica en el diálogo nacional el 23 de mayo.

Después de inútiles intentos de los obispos para que se expresara sobre esto, sólo les dijo en un breve mensaje que estaba “dispuesto a escuchar todas las propuestas dentro de un marco constitucional”, dando así largas a la crisis, ganando tiempo, o más que ganándolo, dejándolo pasar irresponsablemente, apostando a que la estrategia del terror funcione y produzca desgaste y esto le permita al menos alargar su tiempo en el poder.

“Almagro está evolucionando”

Antes de abril Ortega pensaba terminar su período en 2021 y arreglarse con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, con el que ya ha firmado un plan que conduce hasta esa fecha, haciendo solamente algunas reformas al deteriorado sistema electoral.

Esto ya no parece posible. Porque el lenguaje de Almagro empezó a evolucionar en su interpretación de la crisis en Nicaragua. En ocasión del incendio provocado por fuerzas parapoliciales que calcinó a seis personas el 16 de junio en su casa, en un barrio de Managua, un hecho criminal que tuvo un eco internacional mayor que otros de los previamente cometidos por el régimen, Almagro se refirió, por primera vez, en un Twitter, a un hecho de “represión” en Nicaragua, calificando este crimen como de lesa humanidad. “No puede quedar impune”, dijo.

Unos días después, cuando se preparaba una “operación limpieza” en Monimbó, apareció otro Twitter de Almagro: “El pueblo de Masaya ha demostrado su heroísmo en las páginas más oscuras de la historia de Nicaragua. Condenamos cualquier tipo de ataque que atente contra la vida y la seguridad de los habitantes de Ticuantepe, Nindirí, Masaya y los Pueblos Blancos”.

“Almagro está modulando su retórica hacia Nicaragua para comenzar a ganarse la confianza del pueblo nicaragüense y de esa manera abrir campo para que la OEA pueda jugar un papel en la re-democratización de nuestro país. Aunque el secretario general no ha reconocido la culpabilidad de El Carmen (lugar de residencia de Ortega y de Murillo) en la violencia que está azotando a Nicaragua, su posición está evolucionando”. Así valoró las cosas el ex-canciller Francisco Aguirre Sacasa al diario “La Prensa”.

“El tiempo corre en contra de Nicaragua”

Hasta el momento, el cambio mayor en el lenguaje de Almagro se produjo el 22 de junio en el seno de la OEA. Ese día la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó en Washington su Informe final sobre Nicaragua ante el Consejo Permanente de la OEA. Hacía 15 años que el Consejo no se reunía para escuchar un informe de la CIDH.

La presentación fue precedida por unas palabras de Almagro, que continuó “modulando” su discurso, refiriéndose a “la represión”, aunque sin adjudicar todavía al régimen de Ortega la responsabilidad por ella. Ese día fue Almagro el que “borró” del calendario electoral el 2021 para proponer otras fechas: la más temprana, marzo de 2019, la más lejana agosto de 2019.

“Se necesita esencialmente una respuesta política desde el poder. En la política -dijo- no tiene sentido prevalecer sobre la voluntad popular. Es la voluntad popular la que debe prevalecer. Hay que hacerlo con elecciones, contando los votos. Las elecciones deben ser pronto. El tiempo va en contra de Nicaragua, el paso del tiempo significa más represión, más violencia, más muerte”.

“Este informe no traduce el drama de Nicaragua”

A las palabras de Almagro siguió la lectura del informe final de la CIDH. El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, dijo al presentarlo: “Este documento no es capaz de traducir integralmente el drama que viven hoy las personas en Nicaragua”. Y antes de que la relatora para Nicaragua en la CIDH, Antonia Urrejola lo leyera, pidió a los representantes de los países del continente ponerse de pie y guardar un minuto de silencio por las víctimas de la violencia en nuestro país.

El informe final reiteró la información que ya contenía el informe preliminar que la CIDH había presentado en Managua el 21 de mayo, ratificó los patrones identificados de cómo actúa la violencia estatal y ajustó las cifras: entre el 19 de abril y el 19 de junio, a dos meses del estallido, contabilizaba 212 personas muertas (entre ellas 16 menores de edad, 5 policías y un periodista); entre el 19 de abril y el 6 de junio eran 1,337 las personas heridas (entre ellas 65 policías); y en ese mismo período tenía información de 507 detenidos ilegalmente (421 de ellos jóvenes y adolescentes).

El informe lleva adjunto los nombres de todas las personas muertas en Nicaragua en los primeros dos meses de la insurrección. A las 15 recomendaciones que el informe preliminar de la CIDH le hizo al gobierno -que no ha cumplido-, el informe final añadió 9 recomendaciones más. (Verlas al margen).

“Es notablemente parcializado”

El Canciller de Nicaragua, Denis Moncada, rechazó totalmente el informe, calificándolo de “subjetivo, sesgado y notablemente parcializado” y atribuyendo todo lo que ocurre en nuestro país a “un proceso desestabilizador de un gobierno legítimo”, que inició, dijo, por la divulgación de una noticia falsa de un muerto en la UCA el 18 de abril, aunque no precisó ningún detalle sobre este hecho, achacando a esa noticia falsa todo lo que siguió después: asesinatos, saqueos y motines...

Los medios nacionales recordaron que en su extenso alegato en defensa del régimen de Ortega, Moncada repitió casi textualmente algunos de los párrafos que en febrero de 1978 había alegado en defensa del somocismo Julio Quintana, el Canciller de Anastasio Somoza.

Once países por una salida democrática

Después de que Antonia Urrejola leyera con voz firme y el informe de la CIDH, trece países tomaron la palabra. Once de ellos (México, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Canadá y Estados Unidos) agradecieron con discursos similares el informe, pidieron el fin de la violencia en Nicaragua y propusieron una salida democrática, constitucional y pacífica en el marco del diálogo nacional. Bolivia respaldó al gobierno de Ortega, aunque muy cautamente.

Sólo Venezuela afirmó que en la crisis nicaragüense se ven “los mismos medios, narrativas y voceros” que se emplean contra el gobierno venezolano. La representación de Maduro rechazó el “malicioso” informe de la CIDH y “la forma atropellada” en que se había organizado esa sesión en la OEA.

No tomaron la palabra los tres países del Triángulo Norte de Centro¬américa (El Salvador, Honduras y Guatemala), tampoco los pequeños países del Caribe. Al finalizar, el presidente del Consejo Permanente de la OEA habló de una próxima sesión “para dar seguimiento a lo que pasa en Nicaragua”.

Llega la mirada internacional

Para observar lo que pasa en Nicaragua en junio comenzaron a llegar al país, los equipos internacionales que monitorearán la situación de derechos humanos e investigarán los crímenes. Tenerlos aquí es un logro del diálogo nacional.

El domingo 24 llegó el Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (ME¬SE¬NI), integrado por tres personas del equipo técnico de la CIDH. Estará bajo supervisión del secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao y de la relatora de la CIDH para Nicaragua, Antonia Urrejola, y coordinará acciones con representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para asegurar, con algunas acciones y sugerencias al Estado, el respeto a los derechos humanos en el país. El MESENI no tiene límite de tiempo en el país y recibirá y documentará denuncias de las víctimas de la represión.

En la primera semana de presencia en Nicaragua (25 de junio–1 de julio), el equipo del MESENI confirmó 18 muertos de forma violenta y “múltiples heridos en el contexto de las protestas”. También constató una de las acciones más usuales en la política del terror: “hechos de represión selectiva que se manifiestan en detenciones arbitrarias, allanamientos de viviendas en busca de personas que participaron en protestas y tranques”.

Recibieron también “abundante información de personas forzadas a huir de sus hogares para esconderse en casas de seguridad en otras partes del país y de quienes huyen del país buscando protección internacional y solicitando asilo”.

La delegación de la ONU llegó el 25 de junio. El 3 de julio llegaron los cuatro integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), vinculado al cumplimiento de las 15 primeras recomendaciones de la CIDH, que investigará durante seis meses, prorrogables por otros seis meses, lo sucedido entre el 18 de abril y el 30 de mayo.

Entre los cuatro investigadores, en Centroamérica conocemos a la guatemalteca Claudia Paz y Paz, quien fuera fiscal en el juicio que condenó por genocidio a Efraín Ríos Montt e investigó el caso de Ayotzinapa. El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, dijo que la misión del GIEI es “tipificar conductas, identificar responsables y generar un plan de atención integral a las víctimas”.

La mirada internacional tiene límites

La desesperación, la impaciencia, la impotencia de las víctimas y de toda la población ante el terror promovido por el régimen, ha desbordado las expectativas de la gente sobre la influencia y el poder de cambiar las cosas que tendrán los organismos internacionales para detener la represión y castigar a los culpables. El mandato de estos organismos no es ni pacificar el país ni juzgar ni sancionar, es contribuir a recomendar pautas para mejorar el respeto a los derechos humanos e investigar de forma independiente. El juicio y la sanción le corresponden al sistema de justicia nacional (Fiscalía y Poder Judicial), instituciones dirigidas por funcionarios que durante once años han obedecido la voluntad de Ortega.

¡Justicia! y ¡Que se vayan!

¡Justicia! y ¡Que se vayan! es el clamor popular desde el inicio del estallido en abril. Ambas cosas, el esclarecimiento de los crímenes y la renuncia de Ortega son también los objetivos expresados una y otra vez por quienes integran la Alianza Cívica.

A pesar de que junio terminó bañado en sangre, el país ha resistido el miedo impuesto por la estrategia del terror. Un mes después de la matanza en la multitudinaria manifestación del 30 de mayo, Día de las Madres, el 30 de junio Managua volvió a llenar las calles. Unas 100 mil personas se manifestaron esa mañana en la capital con las mismas demandas que habían expresado en la marcha del 30 de mayo, con las mismas que escuchamos desde abril: justicia para las víctimas y que renuncie Ortega para poder ir “en camino a la democracia, como el mismo Papa Francisco nos deseó en el primer rezo del Ángelus del mes de julio.

Con los incas que están fuera

La marcha del 30 de junio se llamó “de las flores” y se convocó en memoria de los niños y adolescentes asesinados desde abril. El primero, Álvaro Conrado, de 15 años, a quien mataron francotiradores de la Policía el 20 de abril cuando llevaba agua a los universitarios refugiados en la Catedral de Managua. El último, el bebé de 14 meses Teyler Lorío, víctima de una bala de paramilitares cuando iba en brazos de su padre. Hubo ese día marchas “de las flores” en Matagalpa, Somoto, Ocotal, León y otros lugares, que demostraron la resistencia popular al terror… También ese día hubo flores, luces, banderas y canciones en 90 ciudades de 30 países del mundo. Los nicaragüenses que viven y trabajan lejos, unidos a ciudadanos solidarios, celebraron vigilias para que Nicaragua logre la justicia y la democracia, lo único que puede garantizar la paz y con la paz el fin de la violencia.

Que el futuro no nos sea indiferente

La población de Nicaragua sobrevive en un masivo e injusto estrés emocional que le ha sido impuesto por un régimen que pretende no entender lo que le está diciendo la rebelión popular: ya no los quieren y ya no les temen.

Todo mundo padece: perdió a un familiar o lo puede perder, perdió el empleo o lo puede perder, le asusta lo que traiga la noche y el día siguiente, le asusta el futuro…

La espiral de violencia en la que el régimen Ortega-Murillo ha sumido al país pretendiendo aplastar la insurrección cívica ha convertido el presente de la mayoría de los nicaragüenses en un tiempo inaceptable, incomprensible en un país civilizado. Y en un futuro para el que la palabra “incertidumbre” se queda cortísima.

El terrorismo de Estado elegido como opción por Ortega y Murillo ha sembrado ya un futuro de características alarmantes.

Además de una fuerza internacional que logre desarmar a los paramilitares que nos aterrorizan, y además de nuevos gobernantes que logren “refundar” el Estado que Ortega y Murillo destruyeron, y con decencia y espíritu de servicio superen los vicios de la incultura política nacional, lo que ya sabemos es que cuando todo esto pase necesitaremos de descomunales fuerzas para la reconstrucción moral y espiritual de nuestro país.

El mundo debe de saber…

El mundo debe de saber lo que pasa en Nicaragua. Nuestro país está enfrentado a una violencia desproporcionada y criminal que no cesa, y a una resistencia que es cívica y que se esfuerza todos los días por mantenerse cívica y no violenta, un reto nada sencillo.

El mundo debe saber lo que pasa en Nicaragua… para echarnos una mano. Lo que pasa en Nicaragua es una insurrección nacional de carácter cívico que rechaza a un régimen que ha decidido castigar con el terror la rebeldía de quienes consideró súbditos, no ciudadanos. Cualquier solución a lo que pasa en Nicaragua requiere del urgente cese de la política del terror que ejecuta el régimen. Y cualquier solución debe iniciar con la renuncia de Ortega y Murillo por su demostrada incapacidad política y moral para conducir el país hacia donde el pueblo nicaragüense merece llegar.

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